La ley de vivienda y suelo de Page pasa su primer filtro entre reproches del PP y Vox sobre su “urgencia” tras 12 años
Los partidos de la oposición han afeado al Gobierno castellanomanchego su tardanza en presentar la normativa y han arremetido contra la nueva figura de los Planes de Rehabilitación Urbana que contempla la norma porque socava, afirman, las competencias urbanísticas de los ayuntamientos Page deja para final de legislatura una ley “urgente” para crear vivienda pública con trámites urbanísticos más “ágiles” Ya ha pasado su primer trámite parlamentario la proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, sobre medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso a la vivienda y la simplificación urbanística, cuyo contenido ya ha avanzado este periódico . El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado su toma en consideración con los votos a favor de los socialistas y la abstención de PP y Vox. Ahora pasará el trámite de enmiendas en comisión y después volverá de nuevo al pleno, donde, si se aprueba, quedará ya promulgada, al estar tramitada por la vía de urgencia. Este primer filtro parlamentario ha servido para que los grupos políticos de las Cortes fijen sus posiciones. Tanto el Gobierno regional como el PSOE han recibido duros reproches del PP y Vox, los dos partidos de la oposición, centrados principalmente en el carácter “urgente” de la norma tras tres legislaturas socialistas; y en la figura de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU). Este último es uno de los instrumentos que contempla la ley para la movilización de suelo destinado a viviendas públicas o con algún tipo de protección. El primero en intervenir ha sido el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha comenzado defendiendo que “se ha venido trabajando mucho tiempo” en esta nueva norma de la mano de los sectores sociales y de la construcción. “No es una estrategia aislada, sino parte de una hoja de ruta”, ha afirmado, tras haberse “superado”, ha dicho, las expectativas del denominado ‘Plan 10.000’ (la construcción de viviendas a precio asequible que el Gobierno ha promovido en colaboración con empresas constructoras). Según ha destacado, ahora esta ley busca poner más viviendas asequibles en el mercado, porque la solución a este problema no viene “solo de las ayudas”, sino que debe haber “más oferta”. Esto se debe, ha dicho, a dos fallos en el mercado: la ausencia de suelo y los costes construcción. Por eso ha destacado los cuatro pilares de la proposición de ley: poner a disposición del mercado, de la ciudadanía y de las instituciones suelo para vivienda asequible con algún tipo de protección pública; conceder facilidades a las empresas del sector mediante medidas urbanísticas para que “vean rentabilidad” en construir vivienda pública; “vanguardismo urbanístico” mediante nuevas figuras (como los mencionados PRU) que permitan dar “saltos de calidad para grandes soluciones”; y “metabolismo propio, poniendo en la diana a las zonas rurales”. El diputado socialista Álvaro Toconar Para todo ello ha apelado principalmente al voto del PP como “partido moderado”. Básicamente, se ha centrado en medidas como la recalificación de suelo dotacional privado o de uso terciario, que permitirá, por ejemplo, que oficinas o comercios puedan solicitar licencias para edificar vivienda protegida sin solicitar cambios de planeamiento urbanístico, o que se puedan destinar inmuebles de la Administración pública a la vivienda asequible. El diputado socialista ha referido que los trámites urbanísticos son los que retrasan este tipo de iniciativas, motivo por el que ha defendido los PRU para zonas con infravivienda o con degradación por usos industriales, entre otras condiciones. “Esta ley no le encasqueta el problema a otras administraciones. El Gobierno regional quiere liderar la ley, da a los ayuntamientos la oportunidad de participar en esos planes”, ha recalcado, junto con otras medidas como el aumento de la edificabilidad hasta 30 por ciento sin necesidad de cambiar el planeamiento municipal o la posibilidad de que las corporaciones locales puedan enajenar suelo público incluso al 50% de su precio de mercado siempre y cuando se destinen a vivienda protegida. La oposición, contra los Planes de Rehabilitación Urbana No obstante, estos argumentos han chocado de lleno con la oposición. Desde Vox, el diputado Francisco José Cobo se ha mostrado en todo momento contrario a la simplificación administrativa al considerar que eso significa “saltarse el planeamiento urbanístico” y “debilitar la autonomía de los ayuntamientos”. Ha dicho compartir los objetivos de la nueva ley, pero ha afeado al Gobierno que se “haya acordado” de este problema al final de la legislatura y ahora quiera solucionarlo mediante una norma “con muchas taras”. Ha reconocido que “hace falta suelo” y procedimientos administrativos “más ágiles” pero las medidas propuestas introducen “excepciones y reglas” que hacen el sistema “más complejo y menos previsible”. Respecto a las modificaciones de la LOTAU que incorpora la propuesta, el diputado de extrema derecha se ha preguntado si es “realmente necesario” un nuevo planeamiento urbanístico (en referencia a los PRU) cuando ya hay instrumentos existentes a nivel local como los planes especiales y de mejora (los PERIM). En su opinión, crear nuevas figuras supone “escollos” para los ayuntamientos. “Se invierte el proceso. Primero se aprueba una herramienta municipal y después se obliga al ayuntamiento a adaptarse y eso puede generar situaciones muy difíciles para constructores y arquitectos, además de incompatibilidades con los Planes de Ordenación Municipal (POM). Se traslada a los servicios municipales la responsabilidad de interpretar las contradicciones de legislador”. El diputado de Vox Francisco José Cobo Ha dicho no negar la competencia autonómica en materia de vivienda y de ordenación territorial, pero “siempre respetando” la autonomía local del municipio, porque son los ayuntamientos quienes “conocen realmente sus necesidades”. “Esto no es simplificación, esto genera incertidumbre, a costa de vaciar de contenido el planeamiento urbanístico municipal y de reducir la autonomía local”, ha concluido. Similares argumentos ha utilizado el diputado del PP Ignacio Redondo. Ha reprochado igualmente a la Junta de Castilla-La Mancha que lleve 12 años sin resolver el problema de acceso a la vivienda y ahora tramite de forma “urgente” la nueva ley. Y aunque ha reconocido como medidas positivas la recalificación de suelos y el aumento de porcentajes en la edificabilidad, ha preguntado varias veces por qué el Gobierno regional “no lo hizo antes”. Dicho esto, ha afirmado que la LOTAU no puede ser “un cuaderno de tachones del PSOE” y que simplificar los trámites “no significa seguir acumulando excepciones”, porque “resta seguridad jurídica, sobre todo a los ayuntamientos”. En este punto, ha apoyado que haya más suelo para vivienda, pero ha mezclado esta cuestión con el régimen fiscal, pidiendo rebajas para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o para el de Actos Jurídicos Documentados. En general, ha pedido una política fiscal en vivienda “mucho más amplia”. El diputado del PP Ignacio Redondo El diputado del PP ha concluido pidiendo que los ayuntamientos “tengan una voz real” para decidir sobre los instrumentos que contempla la nueva ley, refiriéndose también al hecho de que muchos de ellos no disponen de técnicos y arquitectos municipales o los tienen “compartidos”. Por eso ha pedido a la Junta que se comprometa a ayudar a las administraciones. Ha concluido el debate el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien primero ha querido poner sobre la mesa que Castilla-La Mancha “siempre ha estado a la vanguardia” en materia de vivienda, con “propuestas innovadoras” y “buscando dinero debajo de las piedras”. En este sentido, ha destacado que es la única comunidad autónoma que destina políticas de vivienda uno de cada cuatro euros de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Y precisamente, ha avanzado que hay 68 millones de euros de esas partidas “preparados”: 18 millones para el edificio administrativo de Ciudad Real que se destinará a uso residencial y 50 millones para ser la “primera comunidad” que pone en marcha el Sistema de Interés Económico General (SIEG) de la Unión Europea para viviendas en alquiler asequible. El consejero ha querido igualmente defender la figura del PRU, al que ha denominado “primo hermano residencial” de la fórmula de los PSI (Planes de Singular Interés) que ya se utilizan para proyectos industriales. Hay determinadas iniciativas que, si no es un cañón urbanístico, no salen adelante Y junto con ello, ha defendido todos los cambios de la LOTAU: “Hay determinadas iniciativas que, si no es un cañón urbanístico, no salen adelante. De no ser así, no habrían sido posibles proyectos como el Puy do Fou. Lo ordinario es para lo ordinario y lo extraordinario para lo extraordinario”, ha recalcado. De hecho, ha dicho que tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía “están viendo cómo copiar” el planteamiento de los PRU para sus barrios y ciudades. Y al mismo tiempo, ha garantizado que el desarrollo de esta herramienta se va a hacer “de la mano” de los ayuntamientos. “Serán singulares de cada ciudad y nosotros vamos a ser parte de la solución”. Finalmente, Nacho Hernando ha defendido que será una ley “útil, beneficiosa y dará ejemplo a toda España”, al tiempo que ha mostrado su disponibilidad y voluntad para estudiar las aportaciones que quieran hacer los dos partidos de la oposición durante el trámite de enmiendas que seguirá a la toma en consideración de hoy.
elDiario.es•Alicia Avilés Pozo17 sept
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