
Recuperar la paga extra y blindar la Atención Primaria: las líneas rojas sindicales para los PGE de sanidad
CIG Saúde, CCOO, CESM, Satse, UGT y CSIF detallan a Redacción Médica qué deberían incluir los presupuestos de 2027

CIG Saúde, CCOO, CESM, Satse, UGT y CSIF detallan a Redacción Médica qué deberían incluir los presupuestos de 2027

El sindicato fue uno de los convocantes del paro en la compañía y presentó una demanda por vulneración del derecho a huelga El ministro Hereu anuncia un principio de acuerdo en Airbus que deja fuera a los sindicatos CGT y ÚTIL La Audiencia Nacional ha estimado este viernes la solicitud de medidas cautelares presentada por CGT contra el referéndum a la plantilla de Airbus fijado por la empresa para los próximos días 24 y 25 de septiembre, con lo que éste se suspende provisionalmente a la espera del pronunciamiento del juez en una vista que se celebrará precisamente el jueves 24. El sindicato CGT –una de las tres organizaciones convocantes de una huelga indefinida en Airbus a partir de finales de agosto junto con ÚTIL y UGT– presentó una demanda contra la empresa por vulneración al derecho de huelga por los cauces paralelos y demás actos ajenos a la negociación con el comité de huelga que han creado y fomentado. En esta demanda se incluyen medidas cautelares contra el referéndum a la plantilla que Airbus fijó para los días 24 y 25 de septiembre, fecha establecida después de conocer que la vista por las medidas cautelares sería el 24, según han señalado a EFE fuentes sindicales. Por su parte, la fecha fijada para la celebración del juicio por la vulneración del derecho de huelga es el próximo 4 de noviembre. Así, el 24 de septiembre se sabrá si finalmente la Audiencia Nacional prohíbe este referéndum y si estima que vulnera el derecho de huelga, de acuerdo con la misma fuente, que apuntan a que, en caso contrario, la dirección de Airbus seguramente fijará otra fecha para su celebración. El referéndum que se va a llevar a cabo en Airbus es sobre la propuesta de mejoras laborales y sociales presentada el pasado 4 de septiembre por la compañía para poner fin al conflicto laboral y que ha sido apoyada por los sindicatos CCOO, SIPA y ATP. Dicha propuesta de entendimiento fue respaldada y facilitada, asimismo, por el Ministerio de Industria, en cuya sede se presentó a varios sindicatos, excluidos los integrantes del comité de huelga CGT y ÚTIL, a los que no se dejó participar y que no ha sido negociada en ningún momento con el comité de huelga. Se acordó entonces someter la propuesta a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España en septiembre y, hace dos días, la compañía anunció las fechas que había elegido para su celebración.

CCOO, UGT y CSIF siguen llamando a la huelga indefinida a más de 60.000 profesores en toda la región. Las protestas empezarán el próximo martes 22 de septiembre, el mismo día de la reunión con la Consejería de Educación para abordar la promesa de una carrera profesional docente
Santa Cruz de La Palma, 18 sep (EFE).- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Manuel Ángel Garrido ha presentado su renuncia al acta después de cuestionar la capacidad para ejercer sus responsabilidades públicas a una edil por su reciente maternidad. En el pleno del pasado 11 de septiembre, Garrido ironizó con el tiempo que hace que no veía a la edil popular Saray González y con la "erótica del poder" que considera que impera en la corporación local, donde "nos hemos quedado embarazados casi la mitad" de la misma, ya que cuatro ediles han tenido bajas por maternidad o paternidad. Luego, recalcó que "los concejales no nos ponemos de baja, estamos siempre activos", y añadió: "hay que reconocer que un padre o una madre con un recién nacido, su cabeza está en el niño, no en el Ayuntamiento", sin que con esto pretenda "decirle a nadie lo que puede hacer en su casa o en su cama". Tanto el PP de La Palma como la dirección regional e insular de UGT habían exigido la dimisión del edil socialista, que acaba de confirmar la agrupación local en un comunicado en el que subraya que "la igualdad entre hombres y mujeres es un principio irrenunciable" para el PSOE y de su "forma de entender la vida pública, dentro y fuera de las instituciones". El PSOE de Santa Cruz de La Palma asegura compartir "plenamente" la decisión de Manuel Ángel Garrido de dimitir porque es "lo que corresponde" con su forma de entender la política: "Cuando una situación afecta a la institución, lo responsable es dar el paso, aunque cueste". "A diferencia del Partido Popular, nosotros sí tenemos un listón de responsabilidad y no lo bajamos según convenga. Por eso, en materia de responsabilidad y de igualdad, el PP no nos va a dar ni una lección. Ni una", añade. Los populares, además de la dimisión de Garrido, exigen "una disculpa pública" hacia Saray González y afean "las risas" con las que asegura que recibieron esas palabras la portavoz socialista, Ylli Lemes, y de la edil de Nueva Canarias Maeve Sanjuán. UGT se ha sumado a las críticas y la exigencia de la dimisión del edil socialista, cuyas expresiones considera "incompatibles con la defensa efectiva de la igualdad", a la vez que "denigrantes" al referirse a "la erótica del poder" para "burlarse de su relación con otro cargo político de La Palma". La agrupación socialista de la capital palmera subraya que seguirá ejerciendo "una oposición exigente, rigurosa y con voluntad de acuerdo en todo lo que beneficie a la ciudad" y que el acta de Garrido se cubrirá conforme a lo previsto en la legislación electoral. EFE lgm-jmor/jmr/bal

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado este viernes que las imágenes de cargas policiales y momentos de tensión durante el traslado de personas migrantes al Puerto de Ceuta "dicen muy poco a favor de nuestro país", al tiempo que ha pedido "dejar de hacer política miserable" sobre la situación que vive la ciudad autónoma y que haya una colaboración entre administraciones en los procesos de asilo y la atención a menores. Así se ha pronunciado antes de asistir en València a la entrega de la XV Edició Guardons d'Honor d'UGT, preguntado por su opinión sobre las imágenes del traslado de migantes este viernes. Este viernes por la mañana las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han invervenido para cargar contra los migrantes que han tratado de saltarse el embolsamiento para intentar llegar al Puerto de Ceuta. También ha habido otros momentos de tensión durante los desplazamientos. Al respecto, el dirigente sindical cree que con Ceuta se están produciendo "toda una serie de líos y más líos que hacen muy difícil que podamos tratar a las personas migrantes con el respeto que un país como nuestro les tiene que tener para tenerlo". Álvarez ha lanzado un mensaje de agradecimiento a "la buena gente de Ceuta". "Tenemos una cara, que es la cara de las personas migradas que son los que en estos momentos se visualizan más en unas condiciones determinadas, pero también es verdad que la ciudadanía de Ceuta está viviendo una pesadilla que no les permite tener una vida normal", ha expuesto. El secretario general de UGT ha defendido que "hay que dejar de hacer política miserable con Ceuta" ante un "tema gravísimo", al tiempo que ha sostenido que "si creemos que Ceuta es España y queremos que España sea un país decente, cuando hay un caso como este, lo peor es la mala política. Y en ese sentido, manifestarse está muy bien, poner banderitas está muy bien, pero España puede hacer algo más", ha subrayado. ACOGIDA DE MENORES Y PROCESOS DE ASILO En concreto, Álvarez considera que se debe analizar "cómo y de qué manera y de forma inmediata podemos trasladar a esas niñas, a esos niños que están vagando por las calles de Ceuta, que puedan tener acogida en la península, que podamos filiarlos, que podamos hacer este trabajo de ver la devolución, si es que hay condiciones para hacerlo, porque me parece que ese es un trabajo por Ceuta y por la humanidad". "Yo ya sé que hay salvajes que creen que las leyes solo se aplican cuando a ellos les va bien, pero es que las leyes hay que aplicarlas siempre, y más si son y tienen este carácter de derecho internacional. Por tanto, hacer la afiliación es un acto necesario, legal y desde nuestro punto de vista de justicia", ha reivindicado. Álvarez ha señalado que "determinar si las personas tienen derecho al asilo político o no también es un acto de justicia", y ha añadido que los que no tengan derecho a este asilo, "efectivamente, tienen que volver a sus países de origen". A su juicio, "ese proceso, como ya vamos viendo, ha ido cortacircuándose más por razones políticas que por razones prácticas". El dirigente de UGT ha manifestado que espera que los momentos de tensión vividos este viernes en el traslado de personas migrantes al puertos sean "el último episodio" en el que se ven este tipo de condiciones, porque "dice muy poco a favor de nuestro país". Sobre si considera que el Gobierno central actúa correctamente con los menores migrantes que aún duermen en las calles de Ceuta, Álvarez he indicado que "a quien le corresponde y tiene las competencias es el gobierno de la ciudad autónoma, no es el gobierno del Estado" y que "cada uno tiene que asumir las competencias que tiene". "Los menores son tanto de su competencia que tienen la tutela y sin ceder la tutela ni siquiera se puede hacer el traslado a la península. Esa es la ley, así es como se funciona. Creo que efectivamente la cooperación y el trabajo en común debe prevalecer, pero lo hay que hacer con lealtad", ha comentado. Pepe Álvarez ha reconocido que "el gobierno de Ceuta efectivamente no puede hacer por sí solo frente a esa situación" pero ha puntualizado que no se le "ocurriría decir eso si ayer no hubiera visto un correo" de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "en el que había ofrecido 500 plazas en la península de la ciudad de Ceuta". "Pongámonos a colaborar. Dejémonos de hablar del presidente del Gobierno, que hablaremos los ciudadanos y las ciudadanas cuando nos convoquen a las urnas, y dejemos de hacer política con las vidas y con los derechos humanos que nuestro país creo que tiene la obligación de cumplir o respetar", ha zanjado.
València, 18 sep (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido dejar de hacer "política miserable" con los migrantes de Ceuta y trabajar para trasladar a los menores que puedan tener acogida en la península y filiarlos para realizar las devoluciones "si hay condiciones". Hacer la filiación es "un acto necesario, legal y de justicia", y determinar si las personas tienen derecho a asilo político o no, también es "un acto de justicia", y en caso negativo, tienen que volver a sus países de origen, ha manifestado durante un acto en la sede de UGT-PV en València. Sobre los incidentes registrados en Ceuta durante el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín a un centro de acogida en el puerto, ha señalado que espera que sea "el último episodio", pues "dice muy poco a favor de nuestro país". "Todo este proceso está teniendo una serie de líos y más líos que hacen muy difícil que podamos tratar a las personas migrantes con el respeto que un país como el nuestro les tiene que tener", ha opinado. Para Álvarez, "si creemos que Ceuta es España y creemos que España es un país decente, cuando hay un caso como este, lo peor es la mala política y en ese sentido manifestarse y poner banderitas está muy bien, pero España puede hacer algo más para trasladar a esas niñas y niños que están vagando por las calles de Ceuta a la península". A su juicio, "cada uno tiene que asumir las competencias que tiene" y ha recordado que en este caso es el Gobierno de Ceuta quien tiene la tutela y "sin que la ceda, ni siquiera se puede hacer el traslado" a la península. También ha señalado la importancia del trabajo en común y con "lealtad" al referirse al ofrecimiento de 500 plazas en la península por parte del Ministerio de Asuntos Sociales, porque el Gobierno de Ceuta "por sí solo no puede hacer frente a esta situación". "Pongámonos a colaborar, dejémonos de hablar del presidente del Gobierno, que ya hablaremos cuando nos convoquen a las urnas, y dejemos de hacer política con las vidas y con los derechos humanos, que nuestro país tiene la obligación de cumplir y respetar", ha asegurado. El secretario general de UGT se ha dirigido también a los ceutíes, que están padeciendo esta situación y "viviendo una pesadilla que no les permite tener una vida normal". EFE (vídeo)

La brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza los 4.256 euros anuales en Castilla-La Mancha, según los últimos datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE correspondientes a 2024 y analizados por UGT Castilla-La Mancha. Una diferencia que, pese a situarse por debajo de los 5.152 euros registrados en el conjunto de España, evidencia para el sindicato la persistencia de la desigualdad retributiva entre ambos sexos. La desigualdad se acentúa especialmente en determinadas edades. La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha señalado que entre las mujeres de 35 a 44 años la diferencia salarial alcanza los 5.381 euros anuales en la región. También existen diferencias en función de la procedencia.... Ver Más
Ceuta, 17 sep (EFE).- Centenares de docentes han salido esta tarde-noche a las calles de Ceuta para exigir en una concentración ante la Delegación del Gobierno más "seguridad" en los colegios e institutos así como un "protocolo único de actuación" por la crisis que atraviesa la ciudad. Los docentes, convocados por los sindicatos UGT, ANPE y CSIF Enseñanza, se han concentrado en la Plaza de los Reyes bajo el lema "Protocolo de actuación para la ciudad ¡ya!" así como han reclamado más medidas de seguridad en el entorno de los colegios. "Los docentes exigimos seguridad, protección y respuestas ¡ya!, ¡basta de promesas!, ¡basta de demoras!" se ha podido leer en la pancarta central. "No se les ve porque no están" han llegado a proclamar los concentrados en alusión a una frase de la ministra de Educación, Milagros Tolón, quien advirtió que muchos de los policías que controlan estos accesos a los colegios van sin el uniforme. La presidenta de la Junta de Personal Docente, Trinidad Megías, ha dado lectura a un manifiesto donde han dejado claro que estaban concentrados "porque hemos llegado al límite" al señalar que la seguridad "no está garantizada como debería en todos los centros, sus entornos y las rutas de desplazamiento de los escolares que las tienen que hacer solos". Los docentes también han lamentado que "no se ha producido el refuerzo necesario de la vigilancia privada en los centros más grandes y complejos y seguimos teniendo un déficit de personal de conserjería, además de que los vallados suplementarios siguen demorándose". Por otro lado, han indicado que algunos centros y sus entornos "presentan unas condiciones de suciedad, falta de salubridad y desprotección que no podemos aceptar". Trinidad Megías también ha pedido contar con "un protocolo específico de actuación ante una situación de emergencia" como la sucedida los días 30 y 31 de julio cuando más de 80.000 personas entraron por la frontera con Marruecos. Durante la concentración, los docentes han silbado la salida de la ministra de Sanidad, Mónica García, la cual ha visitado la ciudad y se ha marchado de la Delegación del Gobierno con los insultos de los presentes. EFE (foto) (vídeo)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este jueves al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, limitar alquileres y gravar el refino ante el impacto de la guerra de Irán y la subida de precios, mientras que los sindicatos han abogado por recuperar la excepción ibérica. Carlos Cuerpo ha convocado hoy a los agentes sociales para hacer seguimiento del impacto del conflicto en Irán y para abordar la continuidad de la protección a familias y empresas más allá del 30 de septiembre, fecha en la que dejan de estar en vigor las medidas del Plan de Respuesta ante la guerra de Irán. En el encuentro han participado, además de Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, Mayte Gómez; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Según han trasladado fuentes del Ministerio de Economía, los asistentes han coincidido en que, seis meses después del inicio del conflicto, en agosto la presión de los precios de los carburantes ha vuelto a intensificarse: la inflación general se sitúa en el 4,25%, siete décimas por encima de julio, un repunte explicado por el aumento de los productos energéticos. "Vamos a trabajar en las medidas del Plan de Respuesta para continuar acompañando y apoyando a las familias ante las subidas de los precios, atendiendo especialmente a los sectores profesionales más afectados, como son el transporte y el agroalimentario, debido al efecto que produce en el resto de la cadena", ha asegurado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. De hecho, la próxima semana se mantendrán también nuevas reuniones con los sectores para compartir el diagnóstico y evolución del estado de situación, de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias para acompañar a los más afectados. YOLANDA DÍAZ PIDE LIMITAR ALQUILERES Y GRAVAR EL REFINO Tras la reunión, en un mensaje publicado en la red social 'Bluesky', la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subrayado que el Gobierno no puede permitir que otra crisis la paguen las familias. "Prorrogar las medidas de protección, limitar los alquileres, gravar el refino y recuperar la excepción ibérica. Esa es nuestra propuesta", ha defendido. Para Sumar, estas medidas les parecen "el mínimo necesario" para abordar una cuestión que está afectando ya al bolsillo de millones de españoles y españolas. "El precio de la energía y los márgenes empresariales no pueden servir para empobrecer a las y los ciudadanos de nuestro país", han recalcado fuentes de la formación. LOS SINDICATOS PIDEN MANTENER MEDIDAS Y AMPLIAR LA PROTECCIÓN El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que para su organización es imprescindible mantener las medidas que han estado en vigor hasta ahora y considera que "seguramente habría que ampliar alguna más". Uno de los asuntos principales que habría que abordar y que denuncia el líder sindical es que las empresas petroleras del país "se están forrando". "No hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios", ha señalado. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, considera que es el momento de intervenir, controlando los precios. "Yo creo que habría que contemplar la recuperación de la excepción ibérica para bajar el precio de la energía en nuestro país y protegernos a las familias más vulnerables", ha defendido. Además, ha vuelto a reclamar una prestación para las familias españolas que están por debajo de la renta media, en al menos 300 euros, que beneficiaría en torno a 10 millones de personas. De su lado, cree que la rebaja fiscal temporal para contener los precios de la gasolina y el gasoil puede tener su sentido en términos de coyuntura, pero siempre y cuando se garantice que esa rebaja de precios no sirve para mejorar los márgenes empresariales. Por ello, apuesta por que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia garantice que se controlan todos los precios en toda la cadena de valor, no solo en los precios de las gasolineras, sino también en los procesos previos "porque ahí se está quedando el dinero".

El Ejecutivo elevó en julio las indemnizaciones por residencia en Baleares y las equiparó con las de Canarias; Función Pública espera abordar esta revisión "en los próximosmeses" El plus por residencia en Balears para empleados públicos estatales aumentará a entre 105 y 697 euros al mes El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López , ha confirmado este jueves que el Ejecutivo actualizará las indemnizaciones por razón de servicio a todos los empleados públicos estatales, después de elevar en julio el plus de residencia a los funcionarios del Estado en Baleares . Durante la jornada “La contraofensiva de los servicios públicos”, organizada en Madrid por la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), el ministro ha explicado que la actualización de los complementos se abordará “en los próximos meses”. En julio, el Consejo de Ministros ratificó un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF y elevó las indemnizaciones por residencia en Baleares (100% en Mallorca, más de 300% en el resto de las islas), igualando a las de Canarias, dentro de un acuerdo más amplio para revisar tanto las indemnizaciones por residencia e insularidad como las compensaciones por razón de servicio. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha resaltado que este acuerdo “no solo mejoró las condiciones laborales de los empleados públicos”, sino que “buscó reforzar la calidad del servicio que tienen que tener los ciudadanos”, e insistió en que el sindicato seguirá “dando la batalla” por los servicios públicos frente a lo que calificó de amenazas del autoritarismo y la ultraderecha. El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, ha reclamado continuar desarrollando este acuerdo y ha advertido que los servicios públicos afrontan en los próximos años un relevo generacional de gran magnitud. Palazzo ha indicado que se esperan en torno a medio millón de jubilaciones en el sector en los próximos cinco años y cerca de un millón en la próxima década, lo que exige “renovar las plantillas” y “dotarlas de formación suficiente”. Al respecto, el ministro ha confirmado que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) está diseñando ya las bases de un plan de competencias digitales con foco en la inteligencia artificial, cuyos detalles el Gobierno prevé compartir “muy pronto”.
Madrid, 17 sep (EFE).- UGT y CCOO han pedido "intervenir" y controlar los precios ante el encarecimiento de los combustibles, ya que las subidas de los últimos meses no se corresponden con la evolución del coste del crudo y ello está generando grandes beneficios para las compañías petroleras. Así lo han indicado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo, antes de participar este jueves en la reunión convocada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa con los agentes sociales para hacer seguimiento del conflicto de Irán. El Estado o la Unión Europea (UE) deberían "intervenir" ante el encarecimiento de los combustibles, ha dicho Álvarez, quien ha apostado por hablar de algo "muy importante", que "las empresas petroleras de nuestro país se están forrando". "No sé si hay que hablar de bajada de impuestos", ha dicho el líder de UGT preguntado por esa posibilidad ante la subida de los combustibles en los últimos meses, al tiempo que ha subrayado que esa subida "es beneficio neto para las compañías". Sordo, por su parte, ha considerado que la rebaja fiscal temporal para contener los precios de la gasolina y el gasoil "puede tener su sentido en términos de coyuntura", solo si se garantiza que "esa rebaja de precios no sirve para mejorar los márgenes empresariales". El líder de CCOO ha remarcado también que "las empresas están en beneficios históricos" y por ello ha rechazado que "se les rebajen los impuestos si eso no lleva garantizado que se contienen los precios". En este sentido, ha solicitado que sea la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) quien garantice que se controlan todos los precios en toda la cadena de valor, no solo en las gasolineras, sino también en los procesos previos, "porque ahí se está quedando el dinero". Según Sordo, la inflación está creciendo por la situación internacional, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios "de una forma absolutamente irresponsable", situación ante la que ve también necesario recuperar la "excepción ibérica" para bajar el precio de la energía y "proteger a las familias más vulnerables". El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno "va a trabajar en las medidas del Plan de Respuesta para continuar acompañando y apoyando a las familias ante las subidas de los precios", y "atendiendo especialmente a los sectores profesionales más afectados". En este punto ha puesto como ejemplo el transporte y el agroalimentario, debido al efecto que produce en el resto de la cadena, han explicado fuentes del ministerio. Los carburantes y combustibles subieron un 21,3 % en agosto. Un 30,3 % en el caso del gasóleo y del 16,9 % en el de la gasolina, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) conocidos esta semana. Esa subida en gasóleo y gasolina se ha producido a pesar de que en ambos casos se aplicó un descuento de 10 céntimos en el impuesto de hidrocarburos que se aplica a los carburantes, una medida incluida en el plan de respuesta al conflicto de Irán, vigente hasta este mes de septiembre. En dicho plan se reguló una cláusula de salvaguardia que se activaría si alguno de los carburantes se encarecía más de un 15 %, como ocurrió en el caso del diésel en julio, por lo que el descuento de este producto se ha ampliado a 20 céntimos el litro en este mes de septiembre. No ha ocurrido así con la gasolina, ya que su incremento no alcanzó ese mes el umbral del 15 %, por lo que su descuento ha pasado de los 10 céntimos por litro en agosto a los 5 céntimos por litro, ahora en septiembre, tal y como estaba previsto. A pesar de que en agosto ha subido casi un 17 %, el decreto no preveía la activación de nuevos descuentos vinculados a los precios de agosto. En la reunión de este jueves también han participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, así como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado. EFE
Madrid, 17 sep (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado este jueves que el Ejecutivo actualizará las indemnizaciones por razón de servicio a todos los empleados públicos estatales, después de elevar en julio el plus de residencia a los funcionarios del Estado en Baleares. Durante la jornada "La contraofensiva de los servicios públicos", organizada en Madrid por la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), el ministro ha explicado que la actualización de los complementos se abordará "en los próximos meses". En julio, el Consejo de Ministros ratificó un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF y elevó las indemnizaciones por residencia en Baleares (100 % en Mallorca, más de 300 % en el resto de las islas), igualando a las de Canarias, dentro de un acuerdo más amplio para revisar tanto las indemnizaciones por residencia e insularidad como las compensaciones por razón de servicio. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha resaltado que este acuerdo "no solo mejoró las condiciones laborales de los empleados públicos", sino que "buscó reforzar la calidad del servicio que tienen que tener los ciudadanos", e insistió en que el sindicato seguirá "dando la batalla" por los servicios públicos frente a lo que calificó de amenazas del autoritarismo y la ultraderecha. El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, ha reclamado continuar desarrollando este acuerdo y ha advertido que los servicios públicos afrontan en los próximos años un relevo generacional de gran magnitud. Palazzo ha indicado que se esperan en torno a medio millón de jubilaciones en el sector en los próximos cinco años y cerca de un millón en la próxima década, lo que exige "renovar las plantillas" y "dotarlas de formación suficiente". Al respecto, el ministro ha confirmado que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) está diseñando ya las bases de un plan de competencias digitales con foco en la inteligencia artificial, cuyos detalles el Gobierno prevé compartir "muy pronto". EFE (foto) (vídeo)

El acuerdo con Satse, CSIF, UGT y CCOO incluye mejoras retributivas, cambios en turnos y descansos y la creación de nuevas categorías
Comprar una vivienda, disfrutarla durante casi dos generaciones, pero no para siempre. Barcelona ha pactado con CCOO y UGT la promoción de 1.500 pisos protegidos durante los próximos diez años mediante el llamado derecho de superficie, una fórmula que permite disponer de la vivienda durante 75 años mientras el suelo continúa siendo propiedad del Ayuntamiento. El sistema se encuentra a medio camino entre la compra tradicional y el alquiler. El adjudicatario firma una escritura pública por 75 años y puede financiar la operación mediante una hipoteca durante los primeros 30, con cuotas que deberán mantenerse en niveles equivalentes a un alquiler asequible. Una vez agotado el plazo, la vivienda se incorpora al parque público de alquiler de la ciudad. Como referencia, el Ayuntamiento calcula que actualmente una vivienda protegida de 70 metros cuadrados en derecho de superficie rondaría los 173.320 euros, más gastos, de acuerdo con los precios fijados por la Generalitat. La cuota hipotecaria no debería superar aproximadamente el 30-35% de los ingresos de la unidad familiar. Los pisos se sortearán ante notario entre personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona que cumplan los requisitos y tengan capacidad económica para asumir esa hipoteca. CCOO ha recalcado, además, que su participación no supondrá ninguna prioridad para sus afiliados. El acuerdo prevé desarrollar 1.500 viviendas hasta 2036 , aunque las primeras promociones comenzarán a ponerse en marcha este mismo 2026. Antes de finalizar el año se tramitarán tres solares municipales con capacidad para construir 179 pisos. Serán 47 viviendas en el paseo de l'Havana, en el Bon Pastor; otras 97 en el pasaje del Marquès de Castellbell, en la Clota, y 35 más en la calle Palamós, en Trinitat Nova. Más adelante, el Ayuntamiento prevé incorporar suelo disponible en nuevos desarrollos como la Sagrera o la Marina.
UGT y CC.OO. reclaman una alternativa a una posible desparición de la marca
Lisboa, 16 sep (EFE).- Los dos principales sindicatos de Portugal presentaron este miércoles propuestas para un aumento del salario mínimo en 2027 al Gobierno del país en el marco de una reunión de la concertación social ante el aumento de los precios. Por un lado, la Unión General de Trabajadores (UGT) propuso que el salario mínimo se eleve a 1.000 euros ya en enero, aduciendo al aumento del costo de vida y del precio de los combustibles. "Hemos presentado una propuesta para que el salario mínimo sea superior a 1.000 euros, que sea de al menos 1.000 euros", dijo en una rueda de prensa posterior al encuentro, que duró más de tres horas, el secretario general de la organización sindical, Mário Mourão. Por su parte, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses — Intersindical Nacional (CGTP) dijo que su propuesta contempla "un aumento general y significativo de los salarios de al menos un 15 %, con un mínimo de 150 euros, y la revalorización del salario mínimo nacional a partir de enero de 2027, que se fijará en 1 100 euros". La concertación social reúne al Gobierno, empresarios y sindicatos y, en esta ocasión, no abordaron los presupuestos generales del Estado, uno de los principales retos del Ejecutivo en los próximos meses. Actualmente, el salario mínimo en Portugal es de 920 euros brutos. EFE
Madrid, 16 sep (EFE).- Los sindicatos docentes han expresado su malestar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes por el calendario que plantean para bajar las ratios en todas las etapas educativas, sobre todo en la Formación Profesional Básica donde no empezarían a implantarse hasta dentro de tres cursos, en 2029-2030. El Ministerio de Educación ha presentado este miércoles a los principales sindicatos docentes: UGT, CCOO, CSIF, ANPE y STES-Intersindical el nuevo decreto que quiere llevar al Consejo de Ministros para reducir el número de alumnos en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Una norma que supone reformar el decreto de 2010 que rige los criterios y requisitos mínimos de los centros de enseñanza de segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria pero que también incluye la mejora de las ratios de 0 a 3 años, de Bachillerato y de Formación Profesional. Este decreto no necesita pasar por el Parlamento y coincide en su negociación con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que baja las ratios en Primaria y Secundaria y reduce la jornada docente. Los sindicatos avisan de que tanto el calendario de implantación para reducir las ratios en Primaria (22 frente a los 25 actuales) como en Secundaria (25 alumnos frente a los 30 actuales) debe adelantarse. En primer ciclo de Educación Infantil las nuevas ratios empezarían el próximo curso pero también de forma progresiva hasta 2029-2030. La propuesta es de un máximo de 4 bebés por educadora para las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años, mientras que para el ciclo de 3 a 6 años, establece 20 alumnos (frente a los 25 actuales). En cuanto al ciclo de Bachillerato, contempla un tope de 30 alumnos (frente a los 35 actuales). En los grados medio y superior de Formación Profesional se fija en 25 alumnos por profesor, para 2028-2029 de forma gradual, aunque los sindicatos sobre todo critican que en la FP Básica, con un máximo de 15 alumnos por aula, empiece a establecerse dentro de tres años. "No lo entendemos en absoluto. El Ministerio está sobreestimando un impacto que no es tan grande", señalan fuentes de CCOO a EFE que inciden en que el grado básico de FP ya tiene una ratio de media no muy alto y además va por territorios: "Son bajadas muy puntuales dentro del sistema de FP", recuerdan. Desde ANPE también se recalca que el calendario de aplicación debe adelantarse, mientras STES-Intersindical pone el foco en el proyecto de ley de ratios del Congreso, ya que si no es aprobada, la parte que introduce el decreto sobre reducción de alumnos en Primaria y Secundaria "quedaría anulada". EFE
Sevilla, 16 sep (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado por "huir de la politización barata e indigna" con los migrantes en Ceuta para "arrancar un voto más", ya que "se genera odio y no beneficia a los trabajadores ni a los ciudadanos, sino a unos pocos". En declaraciones a la prensa antes de participar en la VI Conferencia Permanente de Sindicatos del Metal de Europa Mediterránea, ha considerado un "escándalo que ni el Gobierno de Ceuta, que es el responsable y el que tiene las competencias con los menores, ni las comunidades autónomas tengan capacidad para que los menores puedan ser acogidos en España". Ha defendido que España tiene que cumplir con la legislación en materia de inmigración y ha censurado que "el tema de Ceuta se interpreta desde perspectiva miserable y partidista que hace casi imposible tratar con dignidad a esas personas migrantes y que los ciudadanos de Ceuta puedan recuperar la normalidad", que "son los que están pagando las consecuencias" de esta situación, ha precisado. Álvarez ha afirmado que "el gobierno de Ceuta, el de España y las comunidades deberían hablar menos y hacer más" para llevar a cabo el proceso relativo a los menores migrantes que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de finales de julio y que permanecen en la ciudad.EFE

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha evaluado este martes los datos del IPC y ha incidido en la necesidad de acelerar la recuperación salarial para que las familias no sigan perdiendo poder adquisitivo. «Resulta imprescindible incorporar mecanismos eficaces de protección del poder adquisitivo , como las cláusulas de garantía salarial, que permiten hacer frente a posibles desviaciones de la inflación, especialmente en el contexto en el que nos encontramos, marcado por una elevada incertidumbre geopolítica, que sigue favoreciendo una evolución volátil y alcista de los precios a corto y medio plazo», ha manifestado Carrascosa. «Así, la recuperación salarial no puede seguir aplazándose: si no se producen avances reales en esta materia,... Ver Más
Madrid, 15 sep (EFE).- Los servicios públicos de empleo de Madrid, Canarias y Andalucía son los que sufren la mayor carga de trabajo en la atención a personas en situación de desempleo, debido tanto a las vacantes sin cubrir como a una falta crónica de personal, de acuerdo con un informe de UGT en colaboración con la Universidad Carlos III. El estudio presentado este martes, titulado "Retos de las políticas de empleo en España en el marco institucional de la Unión Europea", constata que la carga de trabajo varía notablemente por territorio, aunque todos arrastran carencias estructurales que la Ley de Empleo solo podrá corregir a medio y largo plazo. Cada empleado público del servicio de empleo atiende a 316 desempleados en Madrid, 307 en Canarias y 240 en Andalucía, frente a 76 en el País Vasco, 102 en Galicia y 103 en Castilla y León. El documento advierte de que la sobrecarga afecta precisamente a las comunidades con mayor tasa de paro, con excepción de Madrid que mantiene sin cubrir el 52 % de las plazas de su servicio público de empleo según sus propios datos de relación de puestos de trabajo, lo que el sindicato achaca a una falta de planificación. En el sentido contrario, está Extremadura que, pese a tener la segunda mayor tasa de paro del país (por encima del 15 %), ha dotado de suficiente personal a su servicio de empleo ya que cada trabajador atiende a 127 parados, una proporción similar a la de Navarra (132), la comunidad con menor desempleo (7,5 %). En conjunto, el informe estima en 26.707 los empleados públicos dedicados a los servicios de empleo en España, el 44 % adscritos al servicio público de empleo estatal (SEPE) y el 56 % a los servicios de empleo autonómicos. Respecto a la Ley 3/2023 de Empleo, el informe señala que ha dotado a España de un modelo más sistemático de políticas activas, pero que sus efectos estructurales solo se notarán a medio y largo plazo. Para reducir las elevadas cifras de paro en España, el estudio sugiere políticas activas de empleo enfocadas a los colectivos más afectados (jóvenes, mujeres y parados de larga duración), especialmente en comunidades con más desempleo. En este sentido, UGT exige que se refuercen los servicios públicos de empleo, incluido el SEPE, porque se encuentran "excesivamente tensionados" al no contar con el personal necesario para atender el elevado volumen de personas desempleadas. EFE