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La UE acuerda renovar tres años las sanciones a 2.600 personas y entidades rusas y levantarlas a dos oligarcas

Los Estados miembro de la Unión Europea han alcanzado este lunes un acuerdo para renovar durante tres años las sanciones impuestas contra unas 2.600 personas y entidades por la invasión rusa de Ucrania, después de pactar la retirada de las mismas de los oligarcas Alisher Usmanov y Mijail Fridman, a quienes se aplicaban sanciones comunitarias desde 2022 por sus vínculos con el Kremlin. El acuerdo, alcanzado a nivel de embajadores, deberá formalizarse mediante un procedimiento escrito que arrancará a las 18.00 horas y concluirá a las 20.00 horas de este lunes, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press. Si ningún Estado miembro se opone durante este proceso formal, se prorrogarán definitivamente las sanciones, que decaen este mismo lunes a medianoche. Esas mismas fuentes han indicado que el acuerdo se ha desbloqueado después de que el resto de países hayan aceptado la petición de Francia y Eslovaquia de excluir de la renovación al empresario azerí Alisher Usmanov y al oligarca ucraniano y cercano a Moscú Mijail Fridman, que además fue dueño de la cadena de supermercados española Día. La fórmula ha permitido desbloquear unas negociaciones que habían obligado a los Estados miembro a renovar de manera excepcional durante siete días las medidas restrictivas ante la falta de unanimidad para acordar su renovación, ya que estaba previsto que decayeran el pasado 15 de septiembre. Aunque París no ha dado una versión oficial de por qué esta petición de última hora, medios franceses apuntan que Francia necesita garantizar la exclusión de Usmanov para que Azerbaiyán libere a dos ciudadanos franceses detenidos en el país. Por su parte, Eslovaquia --gobernada por Robert Fico, conocido por su afinidad con el Kremlin--, ha abogado ya en anteriores ocasiones por la exclusión de Usmanov y también de Fridman, aunque no ha dado explicaciones concretas. Con todo, la novedad de esta renovación ha sido que se ha ampliado a tres años la vigencia de las medidas restrictivas, frente a las renovaciones periódicas que hasta ahora se habían ido acordando cada seis meses, la última en marzo de 2026. Las medidas afectan actualmente a unas 2.600 personas y entidades responsables de socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Incluyen la congelación de activos y la prohibición de poner fondos u otros recursos económicos a su disposición, además de restricciones de viaje a territorio comunitario en el caso de las personas físicas. Estas medidas forman parte del amplio paquete de sanciones adoptado por la UE contra Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, con el objetivo de debilitar su base económica, privarla de tecnologías y mercados cruciales y limitar su capacidad para continuar la guerra.

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El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de falta de coordinación entre los Veintisiete ante grandes ciberataques

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha advertido de que la Unión Europea solo está preparada "parcialmente" para detectar y responder a grandes ciberataques ante el escaso intercambio de información entre los Estados miembro, la infranotificación de incidentes y los retrasos en la puesta en marcha de algunos de sus principales mecanismos de respuesta. En un informe publicado este lunes, los auditores han analizado el funcionamiento de los mecanismos de cooperación que la UE ha ido desplegando en los últimos años para hacer frente a incidentes "significativos" y "a gran escala" relacionados con la ciberseguridad, desde las redes que conectan a las autoridades nacionales hasta los nuevos mecanismos europeos para detectar amenazas y coordinar la respuesta cuando afectan a varios países. Aunque el tribunal ha reconocido avances en la construcción de este sistema, concluye que todavía existen "carencias" que limitan su eficacia, especialmente a la hora de compartir información entre los Veintisiete y determinar cuándo un ataque tiene dimensión transfronteriza y requiere una respuesta coordinada a nivel europeo. Más concretamente, ha advertido de una infranotificación de los incidentes con dimensión transfronteriza: en 2025, solo siete Estados miembro comunicaron un total de 14 incidentes significativos que afectasen a más de un país, mientras que la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) llegó a identificar en 2024 hasta 322 incidentes que afectaron a dos o más países de la UE. El TCE ha señalado, además, que desde 2016 ningún Estado miembro ha considerado oficialmente un incidente como "de gran escala", incluso después de episodios que provocaron importantes daños o interrupciones a nivel internacional, como el ciberataque a Collins Aerospace de septiembre de 2025, que provocó retrasos y cancelaciones en aeropuertos como Bruselas, Londres, Berlín y Dublín. Como consecuencia, nunca se ha activado plenamente por un incidente de este tipo el mecanismo de escalada de EU-CyCLONe, la red creada por los Estados miembro en 2020 para coordinar la gestión de incidentes y crisis de ciberseguridad a gran escala a nivel operativo. RETRASOS EN EL SISTEMA EUROPEO DE ALERTA A estas deficiencias se suman los "retrasos" en la puesta en marcha del Sistema Europeo de Alerta de Ciberseguridad, concebido para mejorar la detección y el intercambio de información sobre amenazas mediante una red de centros nacionales y transfronterizos. En el momento de la auditoría, sin embargo, el sistema todavía no estaba operativo, según ha advertido el TCE. El tribunal ha indicado además que todavía faltan acuerdos de cooperación entre los Estados miembro, una "taxonomía común" para clasificar las amenazas, así como normas de "interoperabilidad" que permitan a estos nuevos centros compartir información de forma eficaz con las estructuras europeas ya existentes. "La UE ha avanzado en el establecimiento de un marco de cooperación en materia de ciberseguridad, pero este todavía no ha alcanzado todo su potencial", ha resumido el miembro del tribunal responsable de la auditoría, George-Marius Hyzler, quien ha defendido que disponer de información "práctica y puntual" resulta fundamental para responder a incidentes graves. DUPLICIDADES ENTRE ORGANISMOS El TCE también ha detectado "solapamientos" entre algunas de las estructuras creadas por Bruselas. En particular, apunta al centro de situación cibernética puesto en marcha por la Comisión Europea en 2022, cuyas tareas se superponen en algunos ámbitos con las capacidades que ya tiene la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. Para mantener este centro, la Comisión adjudicó en diciembre de 2022 un contrato externo de casi 18 millones de euros para cuatro años, que expira a finales de 2026. Sin embargo, los auditores han señalado que el Ejecutivo comunitario todavía no disponía de un "plan detallado" para garantizar la continuidad de sus actividades una vez finalice el contrato. El informe analiza igualmente el uso de los fondos europeos destinados a reforzar la ciberseguridad, llegando a detectar deficiencias en los controles sobre algunas de las entidades que reciben las ayudas, en particular a la hora de comprobar su "propiedad y control". Esas carencias, han avisado, plantean un riesgo para "infraestructuras sensibles, datos operativos y tecnologías críticas". RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL Ante estas deficiencias, el Tribunal de Cuentas Europeo ha reclamado a la Comisión que, en colaboración con la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), "racionalice" las capacidades de la UE para conocer "en tiempo real" la situación de ciberseguridad en el continente y estudie "la posibilidad de recopilar y analizar conjuntamente" la información disponible. Los auditores también piden que esta información y los correspondientes informes sobre ciberseguridad se pongan a disposición de los organismos europeos pertinentes, con el objetivo de evitar duplicidades y mejorar su difusión entre los distintos servicios y agencias europeos. El TCE ha reclamado además mejorar el intercambio de información entre los Estados miembro, avanzar hacia la notificación "en tiempo real" de incidentes a ENISA, poner plenamente en funcionamiento el Sistema Europeo de Alerta de Ciberseguridad y reforzar los controles sobre las entidades que reciben financiación europea. Por su parte, la Comisión Europea ha acogido con satisfacción el informe y ha asegurado que estudiará "detenidamente" sus recomendaciones para seguir reforzando las capacidades de la UE de detección, conocimiento de la situación y respuesta ante las ciberamenazas y los incidentes.

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Retrasos y poca información lastran la ciberdefensa de la UE, según auditores

Bruselas, 21 sep (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) comparten poca información sobre ciberataques y eso lastra la respuesta común, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publicado este lunes, que la considera "solo parcialmente eficaz". El TCE reconoce que el marco de cooperación avanza, pero lo frenan los retrasos en su aplicación y el escaso intercambio de información entre Estados miembros. "La UE ha avanzado en el establecimiento de un marco de cooperación en materia de ciberseguridad, pero este todavía no ha alcanzado todo su potencial", afirmó el miembro del TCE responsable de la auditoría, George-Marius Hyzler. El informe hace hincapié en la tardanza en transponer a la legislación nacional la directiva sobre seguridad de redes y sistemas de información (SRI 2), que actualizó en 2022 las normas europeas de ciberseguridad y de notificación de incidentes. También pesan la dificultad de saber cuándo un incidente cruza fronteras y las leyes de seguridad nacional que impiden compartir datos: "Cuando se producen incidentes de ciberseguridad graves es fundamental disponer de información práctica y puntual. Sin ella, las redes y los mecanismos pierden gran parte de su valor añadido", añadió Hyzler. Las herramientas pensadas para corregirlo tampoco están listas. El Sistema Europeo de Alerta de Ciberseguridad, una red de centros cibernéticos nacionales y transfronterizos, no estaba operativo cuando se hizo la auditoría, que abarca de 2022 a 2025. Dos de sus centros, ATHENA y ENSOC, acumulaban retrasos en la contratación de herramientas y servicios, y "todavía no se habían establecido los acuerdos de cooperación exigidos, una taxonomía común y las normas técnicas necesarias para el funcionamiento del sistema", según el texto. Mientras, la Comisión mantiene su propio Centro de Situación Cibernética, que se apoya en proveedores externos cuyo trabajo duplica en ciertos ámbitos el de la Agencia de la UE para la Ciberseguridad (ENISA), según los auditores. Su contrato vence a finales de 2026 y no hay un plan detallado para después. La Reserva de Ciberseguridad, empresas contratadas de antemano para acudir a cualquier hora, sí permite responder rápido, pero su presupuesto se reparte a partes iguales entre los Veintisiete, con independencia de lo que necesite cada uno, y el TCE teme que se use más para preparar que para responder. El Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad, que gestiona 1.400 millones de euros (unos 1.600 millones de dólares al cambio actual) del presupuesto de la UE para ciberseguridad, no comprueba cómo los beneficiarios verifican que los terceros a los que financian son europeos. Esos controles buscan frenar la intrusión o influencia de terceros Estados y evitar que información sensible llegue a sus autoridades, por lo que el TCE advierte de que su fallo podría exponer infraestructura sensible, datos operativos y tecnologías críticas. El TCE resume sus mejoras necesarias en cuatro puntos, con plazos no vinculantes de 2026 a 2028. Entre ellas, buscar fórmulas para compartir más información sin chocar con la seguridad nacional, conectar el Sistema Europeo de Alerta de Ciberseguridad con las redes de equipos nacionales de respuesta y de gestión de cibercrisis, y comprobar por muestreo que el dinero sólo llega a entidades subvencionables. También pide control adecuado de quién recibe fondos y seguimiento del rendimiento. Bruselas ya ha respondido que estudiará con atención las recomendaciones y ha recordado que la propuesta de revisión del Reglamento de Ciberseguridad, presentada en enero de 2026, plantea reforzar a ENISA en respuesta a incidentes. EFE

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El PP reclama al Gobierno ayudas de emergencia para el campo por la subida del gasóleo

Madrid, 21 sep (EFE).- El PP ha pedido al Gobierno central que apruebe ayudas de emergencia al sector agrícola y pesquero ante la subida del gasóleo y de los fertilizantes derivado principalmente de la guerra en Irán, un conflicto que comenzó hace siete meses. El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, y la coordinadora de Agricultura y Política Rural de esta formación, Carmen Crespo, se han reunido este lunes con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, CAOG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias para abordar la situación. El PP ha lamentado la "inacción" del Ejecutivo y ha trasladado a las organizaciones su apoyo y una serie de propuestas para impulsar "de forma urgente" un nuevo plan de ayudas a los sectores productivos, que permita compensar el incremento de los costes energéticos, del gasóleo y de los fertilizantes. Para el PP, la primera medida debe ser la revisión al alza de las ayudas al gasóleo porque "era un error" retirarlas gradualmente "cuando las circunstancias no habían cambiado". Los populares ven oportuno que el Gobierno utilice "todo" el margen que deja la Unión Europea para compensar "efectivamente hasta el 70 % el incremento de los precios de combustibles y fertilizantes". El PP también ha reclamado agilidad en las ayudas y que lleguen a los agricultores que realizan el gasto. En este sentido, el PP exige al Gobierno que sustituya el sistema actual por uno "ágil" en el que el agricultor no tenga que adelantar el dinero. El campo "necesita certidumbre y garantías" sobre unas ayudas que resultan "fundamentales" para afrontar el incremento de los costes de producción. Además, el Partido Popular ha trasladado a las asociaciones su apoyo para que el Gobierno cambie de posición respecto a su negativa a flexibilizar el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), a fin de abaratar el precio de los fertilizantes. Asimismo, los responsables del PP han reclamado al Gobierno que convoque de forma "urgente" la mesa nacional de la sequía para dar respuesta al sector ante la falta de lluvias. También han apoyado las exigencias de los agricultores de aprobar autorizaciones temporales fitosanitarias, como hacen otros países europeos para permitir, sin menoscabar la seguridad alimentaria, competir en igualdad con los agricultores de otros países. El secretario general de COAG, Andrés Góngora, que ha acudido a esta reunión, ha incidido en un vídeo-comunicado en que los agricultores no pueden seguir sin saber cuánto les va a costar producir. Ha añadido que esto tiene un efecto "no solamente en el sector agrario, sino en el conjunto de los consumidores" al impactar en los precios de la cesta de la compra. Por eso, desde COAG, han reclamado un paquete de medidas "claro" y de "largo recorrido" porque la situación de "inestabilidad sigue" y se desconoce cuándo va a terminar. A su juicio, las ayudas aprobadas hasta ahora son "insuficientes" por lo que ven oportuno incrementarlas. Además, para Góngora, es esencial acabar con la "muchísima especulación" que afecta a las cotizaciones mundiales de los insumos. Esta reunión de las organizaciones agrarias y el sector cooperativo se celebra un día antes de que acudan a otro encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar la misma realidad. Además, Planas y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se han reunido con patronales de la industria alimentaria, el comercio de cereales y los sectores de fertilizantes y piensos, que en general han pedido al Gobierno prorrogar las ayudas por la guerra en Irán. El pasado viernes, las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaron la convocatoria de movilizaciones en toda España ante el encarecimiento del gasóleo por la guerra de Oriente Medio, aunque no precisaron fechas. EFE

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La Unión Europea y Rusia felicitan a Armenia con el Día de la Independencia

Moscú, 21 sep (EFE).- Armenia recibió este lunes felicitaciones con ocasión del Día de la Independencia desde la Unión Europea (UE), Rusia y otros países, informaron las autoridades del país caucásico. "La Unión Europea apoya al pueblo de Armenia en la construcción de su propio futuro basado en la soberanía, la democracia, la integridad territorial, la paz y la prosperidad", reza el mensaje de la UE, citado por medios armenios. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó, por su parte, al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, al que deseó "éxito y salud", así como "bienestar y prosperidad al amigo pueblo armenio" con ocasión de la efeméride. El 21 de septiembre de 1991 Armenia celebró un referéndum sobre la secesión de la URSS. El 99,5% de los votantes se pronunció a favor de la independencia, con una participación de aproximadamente el 95%. Este año el país caucásico, que trata de encontrar un equilibrio entre su relación con Rusia y países occidentales, celebra 35 años de independencia.EFE

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Weber (PPE) pide desde Ceuta que se usen las herramientas para devolver a menores y que Rabat cumpla con sus compromisos

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha asegurado este lunes que la UE cuenta con un pacto migratorio desde el pasado verano que señala que Marruecos es "un tercer país seguro". Por eso, ha pedido el retorno "rápido e inmediato de los inmigrantes" que están en Ceuta, incluidos los menores, al tiempo que ha emplazado a Marruecos a que cumpla con sus "compromisos" como socio clave de la Unión Europea. "El mejor lugar para los inmigrantes menores no acompañados es con sus madres y con sus padres. Y por eso tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a mano para retornar a los niños con sus familias", ha manifestado Weber en una rueda de prensa junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, tras una visita a la ciudad autónoma con una delegación del PPE. Tras asegurar que a los menores no acompañados" hay que tratarlos de una forma "especial" porque son "un grupo especialmente vulnerable", el presidente del PPE ha dicho que espera que las autoridades marroquíes "cumplan con sus compromisos de recepcionarlos". Weber ha indicado que las tiendas de campaña "tienen que estar guardadas y desalojadas" y hay que llevar a cabo la inscripción y registros legales y posteriormente "el retorno completo de todos y cada uno de los inmigrantes". "Y también le pido al Reino de Marruecos que cumpla con sus compromisos como socio clave de la Unión Europea", ha enfatizado. PIDE A MARRUECOS "SOLVENTAR ESTE PROBLEMA COMO AMIGOS Y SOCIOS" Al ser preguntado si le consta que por parte de la Comisión Europea se haya trasladado a Marruecos alguna amenaza o alguna presión concreta en relación a acuerdos comerciales que se puedan invocar ante la actual situación en Ceuta, Weber ha dicho estar seguro que Marruecos "entenderá" que solo pueden "solventar este problema como amigos y socios". Por eso, ha defendido la necesidad de estabilizar las frontera. "Y si no podemos estabilizar nuestras fronteras, habrá consecuencias", ha avisado Weber, para añadir que si eso no ocurre pueden repetirse los fallecimientos, como ya sucedió en Ceuta con "más de 100 personas muertas". El presidente del PPE ha mandado un "fuerte" mensaje de solidaridad de Europa con la ciudad autónoma y ha expresado su respeto por el trabajo del presidente ceutí. "Ceuta es España y Ceuta es Europa", ha proclamado, para señalar que ante llegadas migratorias a otros países como Grecia se ha actuado con más celeridad. Además, ha recordado la carta de 22 primeros ministros de la UE afeando a Pedro Sánchez su política migratoria y ha añadido que Gobierno español "está aislado", incluso por "sus propios compañeros socialistas". A su entender, eso está relacionado "con las señales ambiguas" que está enviando el Ejecutivo español con respecto a la entrada de inmigrantes irregulares. VIVAS HABLA DE UN "CAMBIO DE POSTURA" EN LA MINISTRA REGO Por su parte, Vivas ha afirmado que "la única vía posible para alcanzar la normalidad y, se debe de hacer cuanto antes, es el retorno de los que llegaron a Marruecos" porque, a su juicio, cualquier otra cosa sería negativa". Después de que la ministra de Infancia, Sira Rego, haya reconocido que muchos de esos menores que entraron de forma irregular se van a quedar, Vivas ha indicado que ahí "ha habido un cambio de postura por parte de la ministra". "Nosotros cuando empezamos a tratar cómo debíamos abordar esta cuestión", ha apostillado. Así, ha indicado que la ministra "estaba de acuerdo en que la prioridad consistía en el reagrupamiento familiar: primero la familia, siempre pensando en el interés del menor, en segundo lugar un tutor, y si no está la familia y no está el tutor, pues que una institución de acreditada solvencia en la acogida se hiciera a cargo de esta tutela de los menores". "No hemos cambiado de criterio", ha recalcado. Además, el presidente ceutí ha indicado que Marruecos ha dicho de forma "reiterada" que está dispuesta a acoger los menores y "colaborar" y, por lo tanto, hay que activar "los mecanismos necesarios para que así sea". "Si hay voluntad por parte de Marruecos y se dice que la hay, pues que elabore esos informes. Y así yo creo que todos cumpliríamos con el objetivo", ha agregado. Tras insistir en que las "contracciones" no son por parte del PP, Vivas ha planteado sobre la mesa la posibilidad de que haya "un intento de desviar toda esta cuestión en el asunto de los menores, cuando el trasfondo es que el Ceuta ha sufrido una invasión". FEIJÓO PIDE EL RETORNO DE TODOS, INCLUIDOS LOS MENORES De la misma manera, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que Marruecos ha expresado su voluntad de aceptar a todos los inmigrantes, incluidos los menores, y por lo tanto, el Gobierno de España "tiene que hacer su trabajo" en el ámbito legal y diplomático. Así, le ha urgido a activar todos los mecanismos diplomáticos bilaterales con Marruecos y con Europa para ese retorno, ya que, a su entender, esa devolución está amparada tanto por el Pacto de Migración y Asilo como por el Reglamento de Retorno. Sin embargo, el líder del PP ha apuntado a una posible "estrategia" del Gobierno de Pedro Sánchez para que este conflicto se "cronifique" y "buscar un culpable". "Parece ser que ahora el culpable de esta invasión en Ceuta es el presidente de la ciudad de Ceuta. Comprenderá que no tiene ningún sentido", ha indicado, para pronosticar que ahora el Gobierno puede intentar "desentenderse" como hizo con el apagón, con el accidente ferroviario en Adamuz o la huelga de médicos.

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Weber avisa Rabat: si Europa no puede estabilizar sus fronteras habrá consecuencias obvias

Ceuta, 21 sep (EFE).- El presidente del PP europeo, Manfred Weber, ha advertido a Marruecos de que si la Unión Europea "no puede estabilizar sus fronteras, habrá consecuencias obvias", insistiendo en que espera que Rabat entienda que la crisis de Ceuta solo se puede resolver "como amigos y socios". Y, en este sentido, ha puesto sobre la mesa que hay acuerdos comerciales, de seguridad y otros entre la UE y Marruecos "que interesan a ambas partes", una afirmación que ha hecho durante una rueda de prensa en Ceuta, acompañando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Weber, que ha recalcado que "Ceuta es España y Ceuta es Europa", ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que está mandando "señales ambiguas" sobre la regularización de los migrantes que han llegado a España, subrayando que el Ejecutivo no solo está aislado en Europa, sino que lo está también por sus propios compañeros socialistas al recordar que fue Dinamarca quien lideró los reproches de 22 de los 27 Estados de la unión. Además, ha asegurado que si la entrada masiva de migrantes de los pasados días 30 y 31 de julio se hubiera producido en otro Estado europeo, no hubiera actuado de la misma manera "ni hubiera aceptado esta situación durante todo este tiempo". Ha urgido a hacer "un retorno rápido e inmediato, completo y de todos" de los migrantes que aún quedan en Ceuta, una vez que se completen los registros legales. Sobre la situación de los menores, el presidente de los populares europeos, ha dicho que "el mejor lugar" es que estén con sus padres y por eso hay que utilizar "todas las herramientas a mano" para que así sea, dejando claro que se trata de un colectivo vulnerable que hay que tratar de manera especial. En todo caso, confía en que Marruecos cumpla con su compromiso "de recepcionarlos". EFE

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Santiago (IU) responsabiliza a PP y Vox de las agresiones en Ceuta y de la crispación

Córdoba, 21 sep (EFE).- El portavoz parlamentario de IU y diputado por Sumar, Enrique Santiago, ha responsabilizado al PP y a Vox de las agresiones en Ceuta a varias personas, entre ellas una diputada, así como del incremento del nivel de crispación en la ciudad autónoma. Santiago ha dicho a los periodistas que este aumento de la crispación es lo que está "impidiendo una solución al problema" y ha asegurado que "la solución lógica, la única posible, es hacer que desaparezca esa tensión en Ceuta mediante el traslado a la Península de todas las personas" que se encuentran allí y que "están sobrepasando la capacidad de acogida de la ciudad". Ha hecho un llamamiento a los ceutíes para que reflexionen, "para que se den cuenta que no pueden seguir sometiendo a la ciudad a esa presión, atrincherados en una solución que es imposible" cuando hay "otras soluciones viables". El diputado se ha mostrado convencido de que no va a volver a haber ninguna entrada masiva de marroquíes en los próximos días porque "el Gobierno de España ha tomado buena nota de la falta de colaboración de Marruecos, del fracaso de la política de externalización de fronteras de la Unión Europea, y se han reforzado todos los mecanismos necesarios". En su opinión, hace falta "un poquito más de colaboración" de la Unión Europea porque "es sorprendente" que cuando hubo otros ataques "saliera de inmediato a sancionar a los países que entendía responsables y, sin embargo, todavía no se ha tomado ninguna medida respecto a una agresión que ha estado clarísimamente permitida, al menos permitida por Marruecos". Enrique Santiago ha asegurado que Marruecos no va a aceptar las devoluciones porque "no ha aceptado siquiera los cadáveres" y ha recordado que desde que en 2007 se firmó el tratado sobre repatriación de menores, "no ha admitido un solo menor, ni uno solo". A su juicio, es "sorprendente el cambio de discurso del señor (Juan) Vivas" quien "apenas 10 días antes de la entrada masiva del 30 de julio, él mismo declaró lo que es la verdad, lo que es la realidad: Marruecos no admite devoluciones". Para Santiago, la solución está en que se trasladen a la Península y que aquí "se instruyan los expedientes que se tengan que instruir para la reagrupación familiar de los menores, para darles la protección internacional a los solicitantes de asilo, o para devolver y expulsar a los migrantes; pero no es posible que esto se mantenga en Ceuta". EFE

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España alerta ante convocatorias para cruzar a Ceuta a días de elecciones en Marruecos

Rabat, 21 sep (EFE).- En medio de la mayor crisis migratoria entre Marruecos y España, la Embajada española en Rabat ha lanzado una campaña para desincentivar los intentos de entrada irregular a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla ante nuevas convocatorias difundidas en redes sociales para cruzar durante la jornada electoral marroquí, el próximo miércoles. "Entrar irregularmente en España a través de Ceuta y Melilla no da derecho a acceder a la Península, a permanecer en España ni circular libremente por el resto de Unión Europea", señala la cuenta en X de la Embajada de España en Marruecos. "No te dejes engañar por la desinformación. La reciente sentencia del Tribunal Supremo precisa el procedimiento con quienes acceden por mar. No modifica la Ley de Extranjería. No declara ilegal el rechazo en frontera. No impide el retorno", continúa la campaña, difundida también en cuentas de los diferentes consulados españoles en el país magrebí. La iniciativa coincide con convocatorias aparecidas en redes sociales para un nuevo cruce irregular a Ceuta el próximo día 23, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos. Las redes sociales tuvieron un papel fundamental en la crisis migratoria desatada en Ceuta por el mayor cruce masivo en su frontera, más de 70.000 personas, el pasado 30 de julio. Aunque el grueso de los inmigrantes irregulares regresó a Marruecos, miles todavía, en su mayoría jóvenes, siguen en la ciudad española. La crisis, que ha tensionado las relaciones entre Madrid y Rabat, ha provocado al menos 140 muertos, según organizaciones civiles. La pasada semana, Marruecos desarrolló un simulacro militar en la frontera entre Fnideq (Castillejos) y Ceuta con la participación de centenares de efectivos. Durante el fin de semana, se han difundido en redes imágenes de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, en zonas próximas al paso fronterizo con Ceuta. En España, esta crisis marca la agenda política y ha derivado en un amplio debate institucional. La Audiencia Nacional investiga si existió una posible "gestión favorecedora" de Rabat. En Marruecos la reacción institucional y política fue limitada. Las autoridades tardaron cuatro días en pronunciarse para rechazar que se les atribuya responsabilidad alguna en la crisis. "El tema es de alta sensibilidad y complejidad", explica a EFE Said Saddiki, profesor de Relaciones Internacionales de la universidad de Fez, por las relaciones de interdependencia con España, por un lado, y el peso para Marruecos de la reivindicación territorial de las dos ciudades españolas de Ceuta y Melilla. No es la primera vez que la migración irregular a Ceuta desata una crisis entre Madrid y Rabat. En 2021, unas 10.000 personas cruzaron irregularmente a la ciudad española. Entonces Marruecos relacionó la tensión con la decisión de España de permitir que Brahim Ghali (77 años), dirigente del Frente Polisario, recibiera tratamiento en territorio español tras contraer COVID. Las relaciones bilaterales entraron en una nueva fase de acercamiento en 2022, después de que España modificara su postura sobre la excolonia española del Sahara Occidental y pasara a considerar la propuesta de autonomía presentada por Marruecos como "la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto saharaui. Esta vez, con Marruecos en campaña electoral, el Gobierno ha limitado sus pronunciamientos públicos y los principales partidos han evitado convertir Ceuta en eje de sus propuestas. Al inicio de la campaña, el discurso político adquirió un tono nacionalista para reclamar los "derechos históricos" sobre Ceuta y Melilla, pero el enfoque fue perdiendo protagonismo. El Ministerio marroquí de Exteriores rompió el silencio institucional el 10 de septiembre para rechazar que Marruecos sea utilizado como "peón político preelectoral" o "chivo expiatorio" en España. Mientras, las familias de los fallecidos denuncian que sus casos han quedado en un segundo plano. En testimonios recogidos por EFE, lamentan la indiferencia oficial y la escasa atención que han recibido de los medios de comunicación del país. Saddiki atribuye el contraste entre la dimensión de la crisis y su limitada presencia en el debate político marroquí al hecho de que la política exterior es dominio exclusivo del Palacio, por lo que los partidos se comportan con "extrema cautela" para no comprometer los intereses del Estado. El sociólogo Mehdi Alioua plantea otra interpretación. A su juicio, la crisis podría reflejar una "brecha de seguridad" que las autoridades marroquíes preferirían no destacar, pero rechaza las hipótesis que presentan los acontecimientos como una operación organizada desde Rabat. Según Alioua, las fuerzas de seguridad marroquíes se vieron desbordadas por las circunstancias -que coincidieron con la celebración del 27 aniversario de entronización del rey Mohamed VI- y por la elevada movilidad de población durante el verano hacia las localidades cercanas a Ceuta. El problema ha adquirido también una dimensión europea. El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la crisis de Ceuta como "herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial" y calificó la ciudad española de "invadida". Rabat minimizó la resolución. Su embajador ante la UE y la OTAN, Ahmed Reda Chami, sostuvo que no incriminaba a su país y defendió el "compromiso operativo diario" de Rabat en materia migratoria. Para Alioua, la crisis de Ceuta debe entenderse en el contexto de la crisis social marroquí (donde el paro juvenil supera un 27 %), del atractivo de Europa para muchos marroquíes y una frontera cuya vigilancia, sostiene, responde en buena medida a las exigencias europeas. "Marruecos tiene que vigilar esta frontera. Es injusto, pero así son las cosas. (...) lo hace porque Europa lo exige y no tiene otra opción", lamenta. Al menos desde hace una década, Bruselas y Rabat mantienen acuerdos sobre la gestión fronteriza a través de programas de financiación. En 2022, tras la primera gran crisis migratoria de Ceuta, la UE estableció un programa de 500 millones a siete años para ayudar a Rabat a luchar contra la migración irregular. EFE

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La electrificación de camiones y buses en España acumula un "alarmante" retraso sin un plan de ayudas

Anfac actualiza su hoja de ruta de electrificación del transporte pesado, que se estanca en niveles muy por debajo de la media europea a la espera de nuevas subvenciones públicas elDiario.es presenta Movilidad+Auto ante los principales actores del sector La electrificación del transporte pesado avanza en España lento, en realidad va a velocidad de un caracol, un ritmo muy inferior al necesario para cumplir los objetivos europeos de reducción de emisiones. La cuota de camiones electrificados apenas alcanzó el 1,6% del mercado español en 2025, frente al 4,2% de media en la Unión Europea, mientras que en los camiones de más de 16 toneladas se quedó en apenas el 0,5%, frente al 2% comunitario. Ante esta situación, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) reclama un nuevo plan de ayudas específico para el vehículo pesado y una mayor flexibilidad en los objetivos regulatorios. La patronal ha presentado la actualización de su Hoja de Ruta del Vehículo Industrial y Autobús 2030, que revisa el documento elaborado en 2023 y plantea las medidas que, a su juicio, deberían permitir acelerar la descarbonización del transporte profesional sin poner en riesgo la competitividad de los operadores y de la industria. Anfac considera que existe una “alarmante” brecha entre la ambición regulatoria europea y las condiciones reales del mercado español. El diagnóstico de los fabricantes es especialmente contundente en el caso del transporte pesado. Con la evolución actual, la cuota de electrificación del mercado de camiones se situaría en el 3,6% en 2030, muy lejos del 25% que Anfac estima necesario para cumplir los objetivos de reducción de emisiones. De mantenerse esta tendencia, España no alcanzaría esa cuota del 25% hasta 2075. Para llegar al objetivo en 2030 sería necesario un crecimiento medio anual del mercado de camiones cero emisiones del 68,8%. El desfase es todavía mayor en los camiones de más de 16 toneladas. En 2025 se matricularon 139 unidades electrificadas, equivalentes al 0,5% del mercado, mientras que para cumplir los objetivos de 2030 deberían alcanzarse alrededor de 5.500 unidades. La hoja de ruta de Anfac sitúa la cuota necesaria en torno al 25% para ese año. Más de dos años sin ayudas específicas En este contexto, Anfac reclama recuperar los incentivos a la demanda. José López-Tafall, director general de la asociación, ha pedido un programa de apoyo a la compra de vehículos pesados de cero emisiones similar al Plan Auto+ puesto en marcha para turismos, además de un programa específico para renovar las flotas ligado al achatarramiento de los vehículos más antiguos. “Sin incentivar la demanda, no se avanza en la descarbonización”, ha señalado López-Tafall. Según Anfac, España lleva más de dos años sin un programa específico de apoyo a la adquisición de vehículos industriales de cero emisiones. La patronal propone además recuperar incentivos fiscales para las empresas que incorporen estos vehículos, mediante deducciones en el impuesto de sociedades y el mantenimiento de la libre amortización para los vehículos de bajas emisiones. La propia hoja de ruta plantea también aprovechar los fondos europeos vinculados al Fondo Social para el Clima para reforzar los programas de descarbonización del parque. El problema no es únicamente la falta de demanda. Anfac subraya que el vehículo industrial es una herramienta de trabajo cuya decisión de compra está determinada por el coste total de propiedad, la productividad, la autonomía, los tiempos de recarga y la capacidad para prestar el servicio en las mismas condiciones que un vehículo convencional. Por ello, considera necesario que oferta, infraestructura y regulación evolucionen de forma coordinada. “Los fabricantes ya estamos realizando el esfuerzo inversor, poniendo en el mercado vehículos de cero emisiones para todos los segmentos”, ha apuntado López-Tafall, que ha reclamado acelerar la planificación de las infraestructuras de recarga, recuperar las ayudas a la demanda y establecer un marco regulatorio acorde con la realidad del mercado. España, lejos de Europa La brecha española no se limita al conjunto de los vehículos industriales. En los camiones ligeros y medios, de entre 3,5 y 16 toneladas, la electrificación alcanzó en 2025 el 7,5% en España, frente al 14,9% de la UE. En los pesados, de más de 16 toneladas, la distancia fue del 0,5% frente al 2% europeo. También los autobuses muestran diferencias significativas. La electrificación alcanzó el 10,9% del mercado español en 2025, frente al 23,8% europeo. Sin embargo, el comportamiento es muy diferente según el tipo de servicio: los autobuses urbanos llegaron a una cuota del 37,5%, mientras que los interurbanos apenas alcanzaron el 1,7%. Anfac atribuye en buena medida la mayor penetración en el ámbito urbano al peso de la compra pública y de las ayudas disponibles. La asociación considera que esta diferencia demuestra la importancia de los incentivos públicos para activar la demanda profesional. Al mismo tiempo, alerta del envejecimiento del parque español: los vehículos industriales tienen una edad media de unos 15 años y los autobuses de 11,1 años, cifras superiores a las de mercados como Alemania o Francia. Solo 24 puntos de recarga realmente aptos para camiones A la falta de demanda se suma otro obstáculo: la infraestructura. España cuenta con 1.522 puntos de recarga pública de más de 350 kW, pero la mayoría han sido diseñados pensando en vehículos ligeros. Según Anfac, solo alrededor de 24 puntos cumplen actualmente las condiciones técnicas y físicas necesarias para que puedan utilizarlos realmente los vehículos pesados, incluyendo potencia, tensión, accesibilidad, longitud de las mangueras y espacio para las maniobras. La patronal reclama por ello un programa específico de ayudas para el despliegue de recarga de camiones, denominado MOVES Corredores Vehículo Pesado, que permita financiar instalaciones adaptadas a las necesidades de este transporte. También propone mejorar la información disponible sobre estos puntos y crear un pictograma específico que permita identificarlos en carretera. Anfac plantea que España disponga en 2035 de 1.614 puntos de recarga específicos para vehículos pesados, con potencias de 350, 800 y 1.200 kW. El objetivo supondría elevar progresivamente la capacidad de la red para responder a las necesidades de los camiones eléctricos de larga distancia. La situación es aún más limitada en el hidrógeno: la hoja de ruta señala que existen 67 hidrogeneras aptas para vehículos pesados en Europa y que ninguna se encontraba en España en los datos utilizados por Anfac. Flexibilidad en los objetivos europeos El tercer elemento que Anfac considera necesario es revisar el marco regulatorio. La normativa europea establece una reducción de las emisiones de CO₂ de los vehículos pesados nuevos del 45% en 2030, del 65% en 2035 y del 90% en 2040. Para los autobuses urbanos, los objetivos son todavía más exigentes. López-Tafall ha reclamado que España adopte una posición activa ante la próxima revisión de la normativa europea para introducir flexibilidades que permitan acompasar los objetivos climáticos con la evolución real de la demanda y de las infraestructuras, tal como han solicitado los principales fabricantes europeos en una declaración conjunta ante el temor a multas millonarias por no cumplir los objetivos de CO2. Anfac advierte de que el incumplimiento de los objetivos puede tener un coste elevado para los fabricantes. La asociación estima, a partir de un estudio de McKinsey, que las sanciones podrían alcanzar unos 2.200 millones de euros en 2030 si no se produce el crecimiento necesario de las matriculaciones de vehículos de cero emisiones. Los fabricantes europeos recuerdan que ya disponen de más de 45 modelos de camiones cero emisiones y más de 20 autobuses de estas características.

elDiario.eselDiario.esToni Fuentes21 sept
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Irlanda multa a Google con 403 millones de euros por el tratamiento de datos de ubicación

Dublín, 21 sep (EFE).- La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, en inglés), uno de los principales reguladores del sector en la Unión Europea (UE), informó este lunes de que ha multado a Google con 403 millones de euros por irregularidades en el tratamiento de los datos de ubicación. La DPC también señaló que ha ordenado al gigante tecnológico, que tiene su sede europea en Dublín, que adapte sus sistemas de procesado de datos al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comunitario en un plazo de seis meses. La comisión explicó hoy que inició esta "investigación sobre Google Ireland Limited ('Google')" en febrero de 2020, a raíz de las denuncias presentadas por varias organizaciones europeas de defensa de los consumidores, entre ellas BEUC, "sobre el tratamiento de datos de ubicación" por parte de la compañía "en relación con determinados servicios y productos". La DPC centró sus pesquisas en torno a tres funciones específicas de Google que infringieron el RGPD desde su entrada en vigor en mayo de 2018 hasta febrero de 2020: "Actividad en la Web y en Aplicaciones", "Historial de ubicaciones" y "Precisión de la ubicación". El subcomisario de la DPC, Graham Doyle, recordó en un comunicado que los datos de ubicación constituyen un tipo de información personal que se obtiene mediante el seguimiento de la localización y que permite inferir dónde se encuentra una persona, ya sea a partir de los propios datos recopilados o en combinación con otra información. "Los datos de ubicación pueden aportar tanto beneficios como perjuicios a los individuos. Pueden mejorar considerablemente la utilidad de los servicios en línea, pero también pueden revelar una cantidad significativa de información sobre una persona, incluida información que es inherentemente privada", advirtió. Doyle insistió en que el RGPD proporciona un alto nivel de protección de los datos personales en todo el Espacio Económico Europeo (EEE) y exige que el tratamiento de los datos personales se lleve a cabo de manera lícita, justa y transparente. "Como consecuencia de los incumplimientos de Google en este ámbito -prosiguió-, los usuarios podían no ser conscientes de que su ubicación estaba siendo utilizada, por ejemplo, para influir en ellos mediante anuncios o para inferir sus intereses, y podían perder el control sobre sus datos personales". El subcomisario agregó que la conservación de los datos de ubicación de los usuarios "durante más tiempo del necesario" agravó esta "pérdida de control". EFE

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La UE multa a Google con más de 400 millones de euros por vulnerar reglas sobre la geolocalización

El gigante estadounidense Google recibió el lunes una multa de 403 millones de euros (462 millones de dólares) por parte del regulador de protección de datos irlandés, que actúa en nombre de la Unión Europea. El gigante tecnológico infringió el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE en este ámbito entre mayo de 2018 y febrero de 2020 , según ha indicado en un comunicado la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), encargada de aplicar la normativa de la Unión en esta materia. En su decisión definitiva, tras iniciar una investigación en febrero de 2020, la DPC dictaminó que Google infringió el RGPD «en lo que respecta a la licitud y la lealidad de su... Ver Más

ABCABC(abc)21 sept

Fedea ve mejoras en la sostenibilidad de las pensiones pero alerta de proyecciones "excesivamente optimistas"

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha elaborado un estudio en el que constata una mejora en la sostenibilidad estructural del sistema público de pensiones en España tras las reformas de 2021 y 2023, orientadas a reforzar los ingresos y a aumentar la edad efectiva de jubilación. No obstante, el informe advierte de que estos resultados deben interpretarse "con mucha cautela" al estar supeditados a hipótesis macroeconómicas y demográficas que considera "excesivamente optimistas". Estas hipótesis y supuestos calificados de "excesivamente optimistas" por Fedea fueron aportados por el Gobierno de España a la Comisión Europea para elaborar sus proyecciones dentro del marco del Ageing Report 2024. El Ageing Report 2024 es un informe económico sobre el envejecimiento de la población, de carácter trienal, elaborado y publicado conjuntamente por la Comisión Europea y el Grupo de Trabajo sobre el Envejecimiento del Comité de Política Económica de la Unión Europea. Su objetivo principal es evaluar el impacto presupuestario y económico a largo plazo del envejecimiento de la población en todos los Estados miembros de la Unión Europea. El documento de trabajo de Fedea, elaborado por los investigadores de las Universidades de Valencia y Extremadura José Enrique Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu, propone un nuevo indicador de sostenibilidad económica, financiera y actuarial construido a partir de los datos oficiales del Ageing Report 2024. A diferencia del tradicional equilibrio contable anual entre ingresos y gastos, este indicador compara el valor de las prestaciones esperadas con el de las cotizaciones realizadas por una cohorte a lo largo de su ciclo vital. En el análisis específico para España, el indicador estructural proyectado muestra una clara tendencia hacia la mejora a largo plazo, reflejando que las medidas orientadas a reforzar los ingresos y a aumentar la edad efectiva de jubilación tendrían un impacto positivo en una relación más equilibrada entre cotizaciones y pensiones. En concreto, los investigadores sitúan a España a la cabeza de la sostenibilidad estructural en un análisis comparativo frente a Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia. Entrando en detalle, el indicador estructural proyectado muestra una clara tendencia hacia la mejora, pasando de un valor de 1,34 en 2022 a situarse en el 0,90 en el horizonte de 2050 (por debajo de 1 el sistema avanza hacia la sostenibilidad). En el contexto comparativo con los otros cuatro países analizados, España es la nación en la que más se reduce este indicador (-0,44 puntos), seguida de Suecia (-0,20), Países Bajos (-0,07), Francia (-0,06) y Alemania (-0,02). Según explican los académicos, este avance responde al impacto dinámico del refuerzo de los ingresos y la extensión de la vida laboral incorporados en las reformas recientes. No obstante, los investigadores remarcan que existe una "aparente discrepancia" entre esta mejora estructural y el indicador de equilibrio financiero tradicional, el cual refleja que la llegada a la jubilación de la generación del 'baby-boom' provocará un aumento del déficit del sistema de 2,5 puntos del PIB entre 2022 y 2050 (el sexto mayor incremento de la Unión Europea). HIPÓTESIS "SOBREESTIMADAS" Pese a la evolución favorable del nuevo indicador, el estudio subraya que la magnitud real de la mejora dependerá de que se cumplan las proyecciones aportadas por España para el Ageing Report 2024, las cuales ven irrealistas en varios ámbitos. En concreto, los autores apuntan a un aumento "excesivo" proyectado para la tasa de actividad de los mayores de 55 años, lo que a su juicio repercute en una mayor edad de jubilación efectiva y en carreras laborales más largas de lo esperable. Asimismo, califican de "sorprendente y drástica" la reducción proyectada en la tasa de reemplazo (generosidad) de las nuevas pensiones, al considerar que se está sobrevalorando el efecto de que la base máxima de cotización vaya a crecer hasta 2050 por encima de la pensión máxima. "De cumplirse las proyecciones del Ageing Report, el sistema de pensiones español avanzaría hacia la sostenibilidad desde el punto de vista económico, financiero y actuarial, aunque ello no evitaría un deterioro del equilibrio financiero durante el periodo analizado", concluyen los investigadores, subrayando que la efectividad de las reformas sobre el diseño del sistema depende de que se confirmen unos supuestos de partida altamente optimistas.

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El CSD presenta este miércoles el programa de la Semana Europea del Deporte de 2026

El Consejo Superior de Deportes (CSD) presenta este miércoles, a partir de las 12:30 horas, el programa de actividades de la Semana Europea del Deporte 2026, que se celebrará del 23 al 30 de septiembre en la Unión Europea (UE), en la sede de dicho organismo en Madrid. Una de las principales novedades de esta edición será la firma de adhesión de 14 universidades españolas a la Semana Europea del Deporte, con el objetivo de reforzar la promoción de la actividad física en el ámbito universitario. La programación incluirá actividades deportivas por toda España y tendrá como uno de sus momentos destacados la BeActive Night, que tendrá lugar en Torrejón de Ardoz el 26 de septiembre.

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La UE califica de «fraudulentas» las elecciones en Rusia y anuncia nuevas sanciones

La Unión Europea ha rechazado reconocer los resultados de las elecciones a la Duma (Parlamento) rusa tras denunciar que esta ha sido realizada de forma «fraudulenta», sin respetar el derecho internacional ni permitir la presencia de observadores de la OSCE, y celebradas en territorios «temporalmente ocupados de Ucrania». La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha emitido una carta en representación de los Veintisiete en la que han anunciado nuevas sanciones contra los organizadores de los comicios en territorios ocupados, así como contra los que han impedido celebrar «elecciones libres y justas» dentro de Rusia. La UE denuncia que la exclusión por parte del Kremlin de los candidatos del partido Yabloko a la lista federal supone... Ver Más

ABCABC(abc)21 sept

España y Marruecos se preparan ante un nuevo llamamiento para entrar a Ceuta el 23 de septiembre

Albares afirma que hay mensajes en redes sociales que, "por el momento, no están calando" ni tienen "el impacto que tuvieron" en la convocatoria de julio Decenas de personas destrozan en el puerto de Ceuta el coche de la diputada Julia Ferreras y el activista de la Flotilla Rafael Borrego: “Nos iban a matar” El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que el Gobierno ha activado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para “disuadir” una nueva entrada masiva a Ceuta, tras la convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo. En declaraciones a 'Canal Sur Radio' y 'Catalunya Ràdio', recogidas por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha señalado que hay mensajes en redes sociales que, “por el momento, no están calando” entra la población ni tienen “el impacto que tuvieron” en la convocatoria para entrar en Ceuta el pasado 30 de julio. Albares ha explicado que, ante estas nuevas informaciones “falsas”, han activado desde el Ministerio una “campaña de lucha contra la desinformación” en la que los consulados y la Embajada en Rabat están ofreciendo “información veraz” donde inciden en que la entrada irregular a Ceuta y Melilla no implica “ningún derecho” ni tampoco quedarse “indefinidamente” en España y Europa. El ministro insiste en que antes del 30 de julio hubo “desinformación” con la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las 'devoluciones en calientes' en las entradas a nado. Al hilo, la Embajada de España en Marruecos ha pedido en redes sociales a los marroquíes que “no se dejen engañar por la desinformación”, alegando que la sentencia del Supremo “no modifica la ley sobre extranjeros”, “no declara ilegal el rechazo en la frontera” y tampoco “impide el retorno”. El ministro, que ha pedido a aquellos ciudadanos que tengan la tentación de entrar irregularmente a las ciudades autónomas que no “arriesguen su futuro y dinero en manos de esas mafias”, ha afirmado que la prensa marroquí también “se está haciendo eco” de la campaña del Ministerio, al tiempo que ha señalado que está en contacto con las autoridades marroquíes para aplicar “medidas preventivas” y un “dispositivo disuasorio” si “es necesario” para impedir cualquier entrada. Albares ha recordado que el 15 de agosto, cuando también hubo otra convocatoria masiva para entrar a Ceuta desde Marruecos, ya se tomaron medidas preventivas en la frontera y el intento de entrada “fue un fracaso”. En concreto, el ministro ha reiterado que está en contacto con su homólogo marroquí, Naser Burita, para “desmontar”, por un lado, la “desinformación” sobre entradas masivas y movilizar “efectivos necesarios para disuadir” o “contener una avalancha”, si se produjera, para que no se “repitan los hechos” del 30 de julio, cuando entraron a Ceuta unas 80.000 personas. También ha subrayado que habla prácticamente a diario con Burita para abordar el retorno de los migrantes una vez estén listos los expedientes.

elDiario.eselDiario.eselDiario.es21 sept

Albares dice que trabaja con autoridades marroquíes para prevenir el llamamiento del día 23 para entrar a Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que el Gobierno ha activado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para "disuadir" una nueva entrada masiva a Ceuta, tras la convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo a Ceuta. En declaraciones a 'Canal Sur Radio' y 'Catalunya Ràdio', recogidas por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha señalado que hay mensajes en redes sociales que, "por el momento, no están calando" entra la población ni tienen "el impacto que tuvieron" en la convocatoria para entrar en Ceuta el pasado 30 de julio en la que hubo, según ha denunciado, mucha "desinformación" en base a la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las 'devoluciones en calientes' en las entradas a nado. Albares ha explicado que, ante estas nuevas informaciones falsas, han activado desde el Ministerio una "campaña de lucha contra la desinformación" en la que los consulados y la Embajada en Rabat están ofreciendo "información veraz" donde inciden en que la entrada irregular a Ceuta y Melilla no implica "ningún derecho" ni tampoco quedarse "indefinidamente" en España y Europa. Al hilo, la Embajada de España en Marruecos ha pedido en redes sociales a los marroquíes que "no se dejen engañar por la desinformación", alegando que la sentencia del Supremo "no modifica la ley sobre extranjeros", "no declara ilegal el rechazo en la frontera" y tampoco "impide el retorno". El ministro, que ha pedido a aquellos ciudadanos que tengan la tentación de entrar irregularmente a las ciudades autónomas que no "arriesguen su futuro y dinero en manos de esas mafias", ha afirmado que la prensa marroquí también "se está haciendo eco" de la campaña del Ministerio, al tiempo que ha señalado que está en contacto con las autoridades marroquíes para aplicar "medidas preventivas" y un "dispositivo disuasorio" si "es necesario" para impedir cualquier avalancha. Albares ha recordado que el 15 de agosto, cuando también hubo otra convocatoria masiva para entrar a Ceuta desde Marruecos, ya se tomaron medidas preventivas en la frontera y el intento de avalancha "fue un fracaso". En concreto, el ministro ha reiterado que está en contacto con su homólogo marroquí, Naser Burita, para "desmontar", por un lado, la "desinformación" sobre entradas masivas y movilizar "efectivos necesarios para disuadir" o "contener una avalancha", si se produjera, para que no se "repitan los hechos" del 30 de julio, cuando entraron a Ceuta unas 80.000 personas. También ha subrayado que habla prácticamente a diario con Burita para abordar el retorno de los migrantes una vez estén listos los expedientes. AFIRMACIONES CONTRA LA ESPAÑOLIDAD DE CEUTA Y MELILLA "DEGRADAN" LA RELACIÓN BILATERAL Por otra parte, Albares también ha indicado que "cualquier declaración" que cuestione la españolidad de Ceuta y Melilla "degrada" la relación bilateral entre España y Marruecos, recordando que el Ministerio ya convocó a la embajadora marroquí cuando se cuestionó por parte de dos ministros del reino alauí. Sobre la relación de Marruecos con Israel y Estados Unidos, dos países cuyos gobiernos son criticados desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Albares ha defendido que "cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros", al igual que lo hace España, si bien ha subrayado la importancia de tener un "diálogo diplomático y europeo" con Marruecos, para coordinar una frontera que es la "más compleja del planeta".

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