La institución abrió además una investigación interna después de que circulara un video en el que un uniformado aparece tocando a una interna
El tribunal atiende a la petición de la Fiscalía de llevar a juicio al fundador de Glovo por delito contra los trabajadores
La Vanguardia•Blanca Gispert Hernandezhace 20 h
Un documento dirigido a la Fiscalía sostiene que el expresidente de Ecopetrol no tiene previsto dejar el territorio nacional, de manera temporal o permanente, y que seguirá vinculado a las diligencias judiciales
La Fiscalía solicita cinco años de prisión para cada uno de los dos acusados de dedicarse presuntamente a la venta de sustancias estupefacientes desde el domicilio familiar en Córdoba , donde fueron intervenidas distintas drogas cuyo valor total en el mercado ilícito ha sido cifrado en 24.098,72 euros. La acusación sostiene que ambos, «previamente concertados y de común acuerdo», se habrían dedicado a la venta de sustancias estupefacientes a terceras personas a cambio de dinero desde la vivienda en la que residían. La investigación culminó con una entrada y registro en el domicilio, donde los agentes de la Guardia Civil localizaron e intervinieron, entre otros efectos, una planta de marihuana, cogollos secos de esta sustancia, 100 gramos de hachís empaquetados,... Ver Más
El magistrado, tal y como pedían la Fiscalía y el sindicato CGT, acuerda dejar a un paso del juicio a Oscar Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores La Fiscalía pide llevar a juicio al fundador de Glovo por mantener como falsos autónomos a los repartidores El juez de Barcelona que investiga al fundador y consejero de Glovo ha acordado sentar en el banquillo a Oscar Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores al mantener como falsos autónomos a sus repartidores pese a las sentencias que le obligaban a contratarles como empleados. Así lo ha decidido el juez en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que rechaza archivar la causa, como solicitaba Pierre, y atiende la petición de la Fiscalía y el sindicato CGT, que reclamaban enviar a juicio al empresario. En su resolución, el juez indica que Glovo “continuó manteniendo la misma relación” laboral con sus repartidores, que “se vieron obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa”. Mantener como falsos autónomos a los repartidores, indica el instructor, “constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social”. La denuncia de la Fiscalía que inició el caso que ahora terminará en un juicio fue el último paso de la lucha de las autoridades laborales contra el modelo de falsos autónomos en el que se sustentó el modelo de negocio de Glovo y que el Supremo declaró ilegal. El Ministerio de Trabajo impulsó la ley Rider para vetar estas prácticas, y Pierre, antes de su declaración como imputado en Barcelona en 2024, anunció que la firma dejaría atrás su modelo y contrataría a sus repartidores.
elDiario.es•Oriol Solé Altimirahace 22 h
La Unidad Especial Contra los Delitos Electorales investigó la presunta participación de Cevallos Umanzor en las protestas.
La defensa, integrada por el abogado Andrés Jiménez, sostuvo que las medidas de la Fiscalía General de la Nación alcanzaron bienes sin relación con la compañía y adquiridos antes de su creación
Colombo, 22 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Sri Lanka condenó este martes a 15 acusados por los atentados terroristas del Domingo de Pascua de 2019, que dejaron más de 270 muertos y 500 heridos en la nación isleña. Catorce de los condenados fueron declarados culpables de todos los cargos, mientras que uno fue absuelto de uno de ellos. Entre los condenados se encuentra Naufer Moulavi, a quien las autoridades señalan de haber orquestado los ataques perpetrados por extremistas islámicos. Nueve acusados fueron absueltos, mientras que otro falleció mientras se encontraba bajo custodia. El caso constituye un hito histórico, ya que la Fiscalía presentó más de 23.000 cargos en un único proceso que incluye conspiración para llevar a cabo atentados suicidas coordinados y terrorismo. Se prevé que el tribunal dicte los términos de las condenas, que incluyen la posibilidad de la pena de muerte, en la noche de este martes. Dos ex altos funcionarios de seguridad fueron condenados a muerte en julio tras ser hallados culpables por negligencia criminal, aunque la pena capital suele conmutarse por cadena perpetua en el país asiático. Otro proceso judicial paralelo involucra al exjefe del Servicio de Inteligencia del Estado, Suresh Sallay, quien fue arrestado por las autoridades esrilanquesas en febrero y a quien se acusa de conspirar directamente en la ola de atentados. El 21 de abril de 2019, atacantes suicidas atentaron contra tres iglesias en las ciudades de Colombo, Negombo y Batticaloa; y contra tres hoteles de lujo en la capital esrilanquesa. Se produjeron otras explosiones en un pequeño hotel en Dehiwala y en una casa en Dematagoda, ambos en Colombo. Según informes del grupo de derechos humanos de Sri Lanka Centro para la Sociedad y la Religión (CSR), la investigación de los atentados ha tenido importantes fallos. Los informes de CSR revelan discrepancias significativas en el número oficial de muertos, que ha fluctuado entre 259 y 319, incluidos al menos 45 niños y 40 extranjeros, dos de ellos españoles. Entre las víctimas extranjeras había, además, ciudadanos de al menos 11 países, entre ellos la India, el Reino Unido, China, Turquía, Portugal, Arabia Saudí, Estados Unidos, Japón, Suiza, Países Bajos y Australia. EFE
Un juzgado de lo Penal ha remitido de nuevo a la Audiencia de Granada la pieza separada del 'caso Nazarí' vinculada al residencial Ciudad de la Luz, lo que se produce unos meses después de que el propio tribunal provincial se declarara incompetente para enjuiciar este caso. Esta pieza, cuya apertura de juicio oral se produjo hace más de un año, gira en torno a la concesión presuntamente irregular de la licencia de primera ocupación de este residencial compuesto por 300 viviendas para presuntamente "beneficiar" a un promotor y sus empresas. El caso sentará en el banquillo de los acusados a la exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto (PP) y otros tres exaltos cargos del área. En un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular de la plaza número 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Granada precisa que la Fiscalía calificó los hechos en sus conclusiones provisionales como constitutivos de un delito de prevaricación urbanística. Recalca el juez que el Ministerio Fiscal solicitó nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para cada uno de los acusados --además de dos años de prisión--. Entiende el magistrado que esta pena excede de su competencia y que es la Audiencia Provincial la competente para enjuiciar el asunto, por lo que acuerda remitirle la causa. La fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo García, considera que los cuatro acusados "puestos de común acuerdo" y "con la finalidad de beneficiar al promotor" acordaron "con vulneración de la legalidad urbanística" la concesión en 2012 de la licencia de primera ocupación para este conjunto residencial de dos edificios situado en la calle Pedro Machuca, que promovía un promotor a través de la empresa Casería de San Jerónimo S.L. Mantiene la fiscal en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, que la licencia se dio "aduciendo razones de interés público inexistentes" y "a pesar de no estar finalizadas las obras de urbanización como era preceptivo legalmente". Afirma así que los acusados actuaron en contra de los criterios establecidos en anteriores informes técnicos y sin el "preceptivo informe jurídico". Tampoco contaban supuestamente con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lo referido al desvío del Barranco San Jerónimo, "contraviniendo" con ello "de forma muy grave la legalidad". A lo largo de su escrito, de 21 páginas, la fiscal relata que la puesta en servicio se "limitó a las manzanas ocupadas por las 300 viviendas" y por una estación de servicio, por lo que actualmente existe una "carencia de equipamientos y dotaciones al no haberse ejecutado el planeamiento" previsto. De hecho, recalca que el "estancamiento" de la urbanización del PP-N2 "ha generado multitud de problemas a los vecinos del residencial Ciudad de la Luz" como "problemas de salubridad en los alrededores amén de la ausencia de servicios públicos como limpieza vial o recogida de basuras debido a la interpretación que hace el Ayuntamiento de que no ha sido recepcionada la urbanización" de este plan parcial. La Fiscalía considera responsable civil al promotor presuntamente beneficiado, J.J. Romero; a dos de sus sociedades y al propio Ayuntamiento de Granada de manera subsidiaria. Solicita así que las dos mercantiles del promotor y él mismo indemnicen los gastos de urbanización pendientes, tanto de nueva ejecución como de reparación de lo existente.
El venezolano Luis Obispo Díaz no se alojó solo, sino que estaba acompañado por otras 3 personas que aún no han sido identificadas. De acuerdo con el Ministerio Público, el grupo se atrincheró y no permitió el ingreso del personal de limpieza el hospedaje durante su estancia
La Fiscalía recuerda que no hay ningún organismo con jurisdicción que acredite y avale que se está cometiendo un genocidio en Palestina Leer
El Mundo•EFE22 septMadrid, 22 sep (EFE).- El Consejo General de Enfermería (CGE) ha trasladado este martes a la Fiscalía General del Estado su inquietud por el riesgo al que están sometiendo a embarazadas y bebés las denominadas doulas, una figura que no es una profesional sanitaria y que ejecuta prácticas que "se tornan medievales". Así se lo han hecho saber la vicetesorera y vocal matrona del Pleno del CGE, Montserrat Angulo, y el director de los Servicios Jurídicos del Consejo, Francisco Corpas, al fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica, Julio Cano, y Bárbara Bande, fiscal de la Secretaría Técnica, durante el encuentro que han mantenido en la Fiscalía. En él, los representantes del CGE han expresado su preocupación por el intrusismo de la figura de las denominadas “doulas” en el campo de las matronas –enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología- y cómo el desarrollo de su actividad "pone en riesgo tanto a las gestantes como a sus bebés". Las doulas, han subrayado los portavoces de Enfermería, "no constituyen profesión sanitaria alguna", pero aun así desarrollan sus actividades en el campo sanitario "con prácticas que se tornan medievales", ha señalado el CGE en una nota de prensa. Asimismo, ha advertido de que, lejos de solucionarse este problema, "cada vez se encuentran más situaciones graves de inseguridad clínica" para las pacientes, pues las doulas "no tienen formación regulada ni ninguna titulación oficialmente reconocida, pese a lo cual actúan en el entorno de las madres y los bebés recién nacidos". Sin olvidar que, desde el punto de vista tributario, estas doulas no cuentan con epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas, con lo que "se puede estar generando una bolsa de ingresos de personas autónomas sin declararlos" que pueden oscilar entre 300 y 1.200 euros, según los servicios. También han denunciado la aparición de las “doulas del final de la vida”, una figura no sanitaria que "pretenden acompañar de forma emocional, espiritual y práctica" a una persona en esta etapa "cuando se trata de una función que la normativa asigna a las enfermeras". "Sabemos de la dificultad y vamos a incrementar en las denuncias el nivel de elementos probatorios a aportar, pero necesitamos la colaboración de las Fiscalías en defensa de la salud de los bebés y las madres", han pedido desde el Consejo a los fiscales. Ambas partes han acordado preparar en colaboración un decálogo de recomendaciones para profesionales, matronas y pacientes para evitar el intrusismo y velar por la salud y seguridad clínica de gestantes y bebés. EFE
enfermería: Enfermería lleva a la Fiscalía el riesgo para madres y bebés atendidos por "doulas" sin formación sanitaria
“No era una denuncia en favor de ningún derecho que hubiera que preservar, sino contra el derecho a pensar y opinar libremente”, ha asegurado la articulista
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El decreto concluye que sus mensajes no instaron a agredir a palestinos y señala que ningún órgano judicial ha calificado de genocidio la ofensiva israelí
El Confidencial•EFE22 septBucarest, 22 sep (EFE).- El ultranacionalista Calin Georgescu, ganador en 2024 de las anuladas elecciones presidenciales en Rumanía, fue puesto en libertad vigilada con cargos este martes, un día después de su arresto como sospechoso de liderar una trama de fraudes. La Fiscalía, que había pedido su detención preventiva por un plazo de 30 días prorrogables, ha recurrido la decisión del juez de poner en libertad al líder ultranacionalista y a su supuesto socio en esa red de estafas, informa el portal Digi 24.ro. A Georgescu, de 64 años, se le acusa de dirigir un grupo integrado por otro ciudadano rumano y un italiano que operaba desde 2021 en Rumanía y el Reino Unido para cometer fraudes de especial gravedad. La Fiscalía afirma que los sospechosos se presentaban como empresarios capaces de conseguir financiación por millones de euros y exigían a sus víctimas garantías para acceder a presuntos préstamos extranjeros. Medios rumanos han publicado varias conversaciones interceptadas por la Fiscalía el 27 de mayo del año pasado en las que supuestamente Georgescu le decía a su cómplice que necesitaba "escapar" del control judicial y que su plan es obtener asilo político en Italia. Georgescu, admirador del presidente ruso, Vladímir Putin, y crítico con la OTAN y la Unión Europea (UE), ganó por sorpresa la primera vuelta de las presidenciales de noviembre de 2024 gracias a una intensa campaña de propaganda en la red social TikTok. Posteriormente, el Tribunal Constitucional anuló laselecciones por indicios de injerencia de un "agente estatalextranjero", en referencia a Rusia, y ordenó repetir todo el procesoelectoral. Georgescu, que fue inhabilitado como candidato, está siendo investigado por otros delitos, como atentar contra el orden constitucional, blanqueo de capitales y difusión de propaganda antisemita y extremista. EFE
Bilbao, 22 sep (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido en el juicio celebrado en la Audiencia de Bizkaia que se sintió amenazado por un cartel en el que aparecía con un supuesto tiro en la nuca y por ello el partido ha pedido una condena de tres años de prisión para los autores de difundir esa imagen. La Audiencia vizcaína ha juzgado este martes a dos hombres para quienes la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, que actúa como letrada en este procedimiento, ha pedido una pena de tres años de cárcel por un presunto delito de odio. Además, ha solicitado que se les imponga una indemnización por el daño moral causado con ese cartel. Por su parte, la Fiscalía ha solicitado al tribunal que considere a los encausados autores de un delito de "amenazas con agravante de discriminación" y ha pedido 18 años de prisión, solicitud a la que se ha adherido Vox. La vista oral se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao durante dos horas y el propio Abascal ha declarado por videoconferencia para explicar que, tras la publicación del cartel, se sintió "lógicamente amenazado". Ha considerado "especialmente grave" que esa imagen haya surgido en su propia tierra. El cartel que dio lugar al procedimiento recogía la imagen de Abascal con una mancha de una salpicadura roja que brotaba de su cabeza, para anunciar un concierto con varios grupos dentro del programa de fiestas que organizaron las 'txoznas' durante la 'Aste Nagusia' de Bilbao de 2023. Según ha recordado Marta Castro, Vox denunció entonces ante la Audiencia Nacional la difusión del cartel a través de redes sociales al estimar que aparecía la imagen del presidente del partido tras haber sufrido un "un tiro en la nuca". Ese partido estimó que los autores del mismo habrían cometido los presuntos delitos de amenazas de muerte y de odio, y además, un delito de enaltecimiento y apología del terrorismo. La AN archivó el caso al considerar que "no había gravedad suficiente para apreciar delito de terrorismo, pero sí esa connotación ideológica como para continuarlo" en la Audiencia de Bizkaia, ha explicado la letrada. Según ha argumentado la abogada de Vox, la difusión del cartel no debería estar amparada por la libertad de expresión "porque un tiro en la nuca en toda España, y aquí en Bilbao, en San Sebastián y en Vitoria, no es una broma; se genera miedo, se genera odio". Para Vox, los autores del cartel están vinculados "con la ideología filo etarra y de la izquierda más radical", y además, su difusión "en medios sociales de comunicación y con tecnología" multiplica su alcance y agrava su actuación. La acusación basa su acusación en los "minuciosos" informes que elaboraron tanto la unidad de Inteligencia de la Ertzaintza, como la Guardia Civil. "No se puede permitir" la difusión de ese tipo de mensajes de odio porque "incita a la violencia y a no permitir la libertad de expresión de los que piensan diferente, y a no consentir el pluralismo político". Según ha añadido, "vamos a seguir defendiendo que podamos realizar nuestra actividad política en la calle en todo momento". "Nos gustaría que todo el mundo hiciese el esfuerzo de, en vez de la cara de Abascal, imaginar que fuese su propia cara y entonces, cambiaría mucho la sensibilidad ante este tipo de asuntos", ha sentenciado. El juicio ha quedado visto para sentencia. EFE (foto)
La acusación sostiene que utilizó su puesto público en La Moncloa para realizar gestiones relacionadas con la actividad académica de la mujer de Pedro Sánchez, mientras su defensa niega cualquier uso ilícito de recursos públicos
Madrid, 22 sep (EFE).- El abogado que coordinó en 2004 un informe jurídico encargado por Canal de Isabel II ha testificado en el juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP que apreció que los implicados en una operación de esta empresa pública en Colombia ocultaron los riesgos que conllevaba y que usaron un paraíso fiscal. La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio, el primero del caso Lezo, con 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados. También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros que la Fiscalía relaciona con Aguas de Barcelona SA (AGBAR), que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de entre seis y siete años de prisión por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares. Añade que "contrariamente a lo autorizado" se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A.. La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores". Este martes ha declarado como testigo Julián García Rubí, que en 2004 era socio del despacho de abogados Cuatrecasas. Ha manifestado que en 2004 el entonces gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, encargó al despacho un informe sobre esta operación, siendo presidente de la empresa pública Ignacio González, entonces además vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, presidida en esa época por Esperanza Aguirre. El testigo ha añadido que los responsables de Canal de Isabel II estaban preocupados porque permanecía impugnada la prórroga de la concesión del servicio de aguas en Colombia que dio sentido a esta operación y querían saber cómo se había desarrollado, y ha asegurado que no les dieron indicaciones de cómo tenía que se el contenido de su informe. El letrado ha comentado que la operación no es que fuera "de preocupar" sino que era de "no dormir". Ha destacado que "se ocultó al Consejo de Administración de Canal de Isabel II, al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Tributos que la operación se llevaba a cabo a través de una empresa radicada en Panamá -que entonces era considerado paraíso fiscal-, con los riesgos tributarios que ello suponía". El pasado día 15 el que fuera en 2001 consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Manuel Cobo, denunció durante su declaración como testigo que esta causa se debe a una "operación política" contra Alberto Ruiz-Gallardón por parte de su compañero en el PP Ignacio González. "Hay una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana -exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana-, dos personas de mi partido pero que tenían intereses que no voy a calificar, en la que, sabiendo que ya estaban siendo grabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dicen 'menudo pelotazo el que dio Gallardón'", relató Manuel Cobo. Y añadió: "Ignacio González e Ildefonso de Miguel encargaron informes cuando nosotros estábamos ya en el Ayuntamiento y ellos gobernaban en la Comunidad de Madrid para que la operación pareciera muy negativa". González, que fue detenido en 2017 y estuvo en prisión provisional unos seis meses, no se sienta en el banquillo de este juicio ya que será juzgado en otras piezas del caso Lezo. EFE
El Partido Comunista de Venezuela exige investigar a un diputado tras confesión de Alex Saab en EE.UU. sobre lavado de dinero y fraude. El activista Yul Jabour critica la falta de acciones del Gobierno y la Fiscalía ante las graves acusaciones que involucran a altos funcionarios.
Clarín•Clarin.com - Home22 sept