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Vox — página 17

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Cobertura, página 17

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Marruecos presiona a varios eurodiputados españoles con una carta sobre Ceuta

La Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió este lunes una carta de forma selectiva a eurodiputados para trasladarles la posición de Rabat sobre la crisis migratoria de Ceuta, apenas un día antes de que el pleno del Parlamento Europeo abordara en Estrasburgo (Francia) la entrada de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma de los pasados 30 y 31 de julio. Según ha podido confirmar Europa Press, eurodiputados de PSOE, PNV y ERC recibieron el correo remitido por la representación diplomática marroquí, mientras que no llegó a miembros de las delegaciones de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos o BNG. El resto de grupos consultados por esta agencia no habían respondido en el momento de publicación de... Ver Más

ABCABC•(abc)15 sept
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Congreso vuelve a oponerse a tramitar la ley de Sumar que prohíbe a empresas comprar casas

Madrid, 12 sep (EFE).- El pleno del Congreso ha vuelto a frenar, por segunda vez en diez meses, la tramitación de una proposición de ley de Sumar que prohíbe a las personas jurídicas adquirir inmuebles de carácter residencial con fines especulativos. A falta de la votación, la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox y Junts ha rechazado su toma en consideración, igual que en noviembre de 2025, cuando se debatió por primera vez. La propuesta persigue una reforma de la ley de vivienda de 2023 para limitar el derecho de transmisión de propiedad de viviendas exclusivamente a las personas físicas, con excepciones como los agentes económicos y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las religiosas y las ONG para el desarrollo. Su autor, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, la volvió a registrar el pasado enero, después de que el presidente Donald Trump anunciara una medida similar en Estados Unidos. Ibáñez, que ha presentado hoy el debate como una "segunda oportunidad para proteger a las familias de los fondos buitre que disparan el precio de la vivienda", ha recordado que la situación lleva cuarenta y nueve trimestres empeorando y ha apelado personalmente a cada uno de los 350 diputados de la cámara para que voten a favor. "Si la gente no puede pagar el alquiler es culpa de las 350 personas que nos sentamos en esta cámara; la democracia es proteger a los de abajo, no confrontar entre los que no tienen nada para no mirar a los de arriba", ha argumentado. Previsiblemente volverán a abstenerse el PSOE y el PNV, cuya portavoz, Maribel Vaquero, se ha mostrado convenida de que la medida podría reducir la oferta de vivienda. Vaquero también ha cuestionado su encaje en el ordenamiento jurídico y ha dicho que este tipo de medidas no deberían plantearse como ilimitadas, sino como "quirúrgicas, excepcionales y limitadas en el tiempo y en cada territorio". La representante de Junts, Marta Madrenas, la ha calificado de "ocurrencia", de propuesta "muy mala y de "desastre de técnica legislativa" y ha puesto como ejemplo que con ella el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, podría comprar cien viviendas en Barcelona. Madrenas ha sostenido además que la propuesta de Sumar no impide que los fondos de inversión extranjeros compren viviendas y ha asegurado que si fuera así, la apoyaría. "Después de todas sus ocurrencias el problema ha empeorado, dejen ya las ocurrencias y ayuden a las familias trabajadores y a los jóvenes a comprar una vivienda", ha reclamado. En la misma linea, Miguel Ángel Sánchez, del PP, ha afirmado que la propuesta de Sumar "flaquea jurídicamente" y ha incidido en que forma parte de sus "recetas fallidas·, con las que el acceso a la vivienda ha pasado de ser el problema 16 de los españoles en 2018 a ser el primero en la actualidad. También el diputado de Vox Carlos Henández Quero ha hablado de "chapuza legislativa" y ha sostenido que "la España de las colas es el legado de Sumar". Durante el debate, la propuesta la han apoyado ERC, Bildu y parte del grupo mixto (Podemos y BNG), aunque han considerado que se queda "muy corta" y han discrepado del "trato de favor a la Iglesia católica". EFE

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Grande-Marlaska, ante los gritos de dimisión del PP en el Senado: "Seguiré aquí"

Madrid, 15 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha escuchado este martes los gritos de dimisión que desde la bancada del PP le han proferidos los senadores de ese grupo y ha dejado claro: "Seguiré aquí porque no me gusta esa forma de hacer política que tienen ustedes, mintiendo y llamando a la confrontación". Así lo ha dicho el ministro en el pleno del Senado, donde se ha sometido a, entre otras, sendas preguntas del PP y de Vox sobre la crisis de Ceuta tras la entrada irregular en Ceuta de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio pasado. La primera en preguntarle sobre este asunto ha sido la senadora del PP Alicia García, quien le ha espetado: "¿Qué más tiene que pasar en España para que usted dimita?", además de enumerarle diez razones por las que, según ella, Marlaska no debería seguir en el Gobierno. Entre ellas, y además de la crisis de Ceuta, la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) embestidos por una narcolancha o la imputación de parte de su cúpula en el caso Leire Díez. Tanto a la senadora del PP como al parlamentario de Vox Javier Valentín Alonso, el titular de Interior les ha reiterado que la entrada irregular y masiva "no estaba prevista por ningún servicio de información, ni nacional ni extranjero". Ha recordado que durante todo el mes de julio hasta el día 29 no hubo más de 1.020 entradas irregulares en Ceuta a nado y ha señalado que Marruecos había logrado bloquear más de 3.000, a la vez que ha aseverado que no había contexto alguno que hiciera prever los trágicos sucesos de los días 30 y 31. "Yo me sentiría subjetivamente inseguro en Ceuta, pero evidentemente lo que no haré nunca es provocar esa inseguridad, esa xenofobia y esa confrontación que hacen ustedes y que ya ha apartado a Vox de ese debate. Nosotros seguimos trabajando para generar la normalidad en Ceuta a la mayor brevedad", ha zanjado. Por su parte, el senador de Vox ha opinado que el Gobierno es "cooperador necesario" de esa "invasión" que, a su juicio, se produjo en Ceuta y ha vaticinado que también lo será de "las siguientes". "¿Y saben por qué? Por los intereses perversos que tienen ustedes con Marruecos y con este Gobierno, por secretos inconfesables que tienen, por corrupciones continuas, por chantajes y, sobre todo, por mantenerse en la Moncloa a cualquier precio", ha añadido. A sus críticas ha respondido Marlaska, quien ha apelado a la colaboración del conjunto de las instituciones para apoyar y dar solución a la crisis de Ceuta y ha pedido que no se pongan piedras en el camino. "Si las ponen, no nos preocupa. porque seguiremos trabajando, porque nuestra ocupación es única y exclusivamente volver a la normalidad", ha enfatizado el titular de Interior. Al ministro le han pedido explicaciones por el listado de periodistas, categorizados por adscripción ideológica, que encargó el Ministerio tanto la senadora del PP María del Mar Blanco como el de Junts Eduard Pujol. La primera ha hablado de "la Stasi de Marlaska" y le ha emplazado a dimitir "de una puñetera vez", en tanto que el segundo, en otro tono, le ha reprochado actuaciones policiales contra jóvenes que portaban 'esteladas' y ha sentenciado: "Ni se espía ni se pega". Marlaska ha reiterado que ese listado era un documento de trabajo interno, de febrero de 2024, encargado para mejorar la comunicación del ministerio y que, como el resultado no fue satisfactorio, ni siquiera se utilizó. Ha recalcado que en ningún caso se ha espiado a nadie ni se han perseguido ideas. "Estaremos siempre en primera línea defendiendo la libertad de información y de expresión", ha aseverado. EFE (Foto) (Vídeo) (Audio)

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Marlaska reitera que se "sentiría subjetivamente inseguro" en Ceuta y el PP le exige que "dimita de una puñetera vez"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este martes en el Senado, en respuesta a las peticiones de dimisión desde la bancada del PP, que él en Ceuta se "sentiría subjetivamente inseguro", pero lo que no haría nunca sería "provocar confrontación". "Yo me sentiría subjetivamente inseguro en Ceuta pero, evidentemente, lo que no haré nunca es provocar esa inseguridad, esa xenofobia y esa confrontación que hacen ustedes y que ya han apartado a Vox en ese debate", ha sostenido Marlaska en respuesta al PP. Durante la sesión de control, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, y la diputada Marimar Blanco han reprochado a Marlaska el incremento "objetivo" de la inseguridad en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio, mencionando desde las agresiones sexuales a la detección de "tuberculosis y sarna en cuarteles". GRITOS DE DIMISIÓN "Dimita de una puñetera vez", ha llegado a pedirle Marimar Blanco, entre recurrentes gritos de dimisión desde la bancada del PP, respondidos por un aplauso en señal de apoyo a Marlaska por parte de los ministros presentes en la sesión de control y de los senadores socialistas. Marlaska ha reprochado tanto a PP como a Vox que extiendan bulos sobre Ceuta y ha recordado que la "seguridad objetiva" se ha atendido con la movilización de más de 1.600 agentes tras la crisis de finales de julio. "Seguimos trabajando para generar la normalidad en Ceuta a la mayor brevedad posible", ha enfatizado. En respuesta a Vox, que ha recordado que hubo 18 avisos, Marlaska ha sostenido que la entrada masiva de migrantes de finales de julio no fue "prevista por ningún servicio de información ni nacional ni extranjero". "Para nosotros una alerta es que entren, por ejemplo, 300 o 400 personas en un día", ha dicho. LISTA DE PERIODISTAS El PP también ha censurado a Marlaska por "liberar" a presos de ETA como Henri Parot y por sus "métodos de la Stasi" para elaborar "listas negras" de periodistas, a lo que el ministro ha contestado reiterando que se han pedido disculpas y que se trataba de un documento interno de trabajo elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio y que "nunca se utilizó". "Se entendía que la información que contenía no se correspondía con lo que se había solicitado para poder tener un elemento de trabajo serio, ha apuntado. "Señalar a periodistas es intimidar", le ha reprochado Marimar Blanco. Marlaska le ha afeado a la senadora que no dijera nada cuando desde la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso se "amenazó textualmente a periodistas de una forma indubitada y acreditada" o cuando invitan a "agitadores" a sus actos de partido. LO COMPARAN CON ZOIDO Y FERNÁNDEZ DÍAZ Tanto el senador de ERC Joan Queralt como el de Junts Eduard Pujol se han sumado a las críticas, el primero afeándole que "ha hecho un Zoido" para evitar contestar sobre las intervenciones de la Policía para incautar esteladas, y el segundo comparándole con otro ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz. "No perseguimos ideas. Sé cuáles son mis principales y valores, no necesito ninguna confirmación externa", ha sostenido Marlaska tras defender la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sostener que su cometido es garantizar que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos. "Cualquier símbolo puede ser portado, lo que no se puede hacer, incluso con la bandera de España, es realizar discursos de odio o llamar a la violencia", ha terciado Marlaska.

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Rabat envió una carta con su postura sobre Ceuta a eurodiputados antes del debate en la Eurocámara

La Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió este lunes una carta de forma selectiva a eurodiputados españoles para trasladarles la posición de Rabat sobre la crisis migratoria de Ceuta, apenas un día antes de que el pleno del Parlamento Europeo abordara en Estrasburgo (Francia) la entrada de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma de los pasados 30 y 31 de julio. Según ha podido confirmar Europa Press, eurodiputados de PSOE, PNV y ERC recibieron el correo remitido por la representación diplomática marroquí, mientras que no llegó a miembros de las delegaciones de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos o BNG. El resto de grupos consultados por esta agencia no habían respondido en el momento de publicación de esta información. En la misiva, fechada el 14 de septiembre, Marruecos expone su posición de cara a la resolución sobre Ceuta que se votará el jueves, asegurando que se ha comprometido a readmitir "a todas las personas afectadas, incluidos nacionales marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países" que entraron a la ciudad a finales de julio. "De cara al próximo debate en pleno del Parlamento Europeo (...) quisiera compartir con usted la siguiente información que expone la posición del Reino de Marruecos, con el fin de aclarar la situación y contribuir de manera constructiva al debate", se lee en el email enviado a una parte de los 61 eurodiputados que tiene España, al que ha tenido acceso Europa Press. Marruecos sostiene que sus autoridades trabajan para esclarecer "las causas y los actores" detrás de lo ocurrido en Ceuta y señala expresamente "el papel manifiesto desempeñado por la desinformación difundida a través de las redes sociales", y de "la manipulación de personas vulnerables por parte de redes de tráfico y trata de migrantes". También se hace eco de las declaraciones del Gobierno de España en las que se esgrime que la información de la que disponía "no permitía atribuir a Marruecos la responsabilidad de estos hechos", y que además reconocen "la rápida y activa cooperación de Marruecos para facilitar el retorno de la gran mayoría de los migrantes en situación irregular". "¿QUÉ INTERÉS TIENE MARRUECOS EN PROVOCAR UNA CRISIS?" La carta también contempla dos preguntas de Rabat, como "qué interés" tendría el país norteafricano en "generar una crisis mayor con España y con la Unión Europea", en particular en un momento en que "la UE es el primer socio de Marruecos" y en que las relaciones bilaterales "están experimentando un mayor fortalecimiento y consolidación". "¿Habría Marruecos provocado deliberadamente una crisis migratoria el día de la celebración nacional del Reino, la Fiesta del Trono, una fecha de gran carga simbólica en la que Marruecos celebra los logros del Reino?", se cuestiona Rabat en su misiva. En este sentido, la misión marroquí en Bruselas sostiene que la gestión de "la llegada repentina de varias decenas de miles de personas" en un "período muy corto de tiempo", muchas de ellas decididas a cruzar el Mediterráneo arriesgando sus vidas, "no puede abordarse mediante el uso de la fuerza letal". "Sin embargo, para Marruecos, el uso de dicha fuerza tampoco puede considerarse ni como un medio ni como una solución, de conformidad con las normas de actuación aplicables a la gestión de los flujos migratorios", explican los diplomáticos de Rabat. Marruecos también ha recalcado el cumplimiento sistemático de "sus compromisos con España y con la Unión Europea", en "estrecha cooperación con sus socios europeos", que según los datos de Frontex impiden la entrada irregular de 75.000 personas cada año hacia España, un total de 227.000 intentos frustrados entre 2023 y 2025.

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España ve una "vergüenza" la prórroga de controles por Italia y afea que tiene el doble de entradas irregulares

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha calificado de "vergüenza" la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de prorrogar los controles Schengen con España otros quince días en relación con la entrada de migrantes en Ceuta y ha afeado que Italia recibe actualmente el doble de entradas irregulares. "Es absurdo, es inútil y es una vergüenza porque es dinamitar el espíritu, la filosofía de lo que quiere decir ser socios europeos", ha valorado Albares en declaraciones a los medios en el Senado, donde ha participado en la sesión del control al Gobierno, después de que Roma haya decidido prorrogar los controles, medida a la que el Ejecutivo español ha respondido en reciprocidad. En su opinión, la decisión del Ejecutivo italiano se ha tomado en clave de "política interna" y tanto la primera ministra, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, como su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quien lidera Forza Italia, aliado del Partido Populr en Bruselas, no se están comportando como "líderes europeos a la altura de las circunstancias". Así las cosas, ha pedido tanto a PP, como aliados de Forza Italia, como a Vox, en tanto que aliados de Meloni, que les trasladen que "esta medida es una vergüenza, es absurda y es ridícula". Albares ha resaltado que Italia tiene actualmente "el doble de entradas irregulares que España" y ha recordado que en 2023, cuando el Gobierno italiano fue "incapaz" de gestionar la llegada de inmigrantes a la isla de Lampedusa, "no solamente nosotros ofrecimos nuestra solidaridad, como lo hemos hecho en muchas otras situaciones, sino que incluso acogimos migrantes irregulares trayéndolos a España". "Yo entiendo que el Gobierno italiano está actuando por política interna, pero es vergonzoso y es desde luego un ataque directo a la dignidad de los españoles y a la unidad y la solidaridad de los europeos", ha insistido, recalcando que "Europa sin solidaridad no puede existir".

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El Gobierno español presenta las primeras medidas para "anclar" Ceuta y Melilla a la UE

Madrid, 15 sep (EFE).- El Gobierno español presentó este martes el primer paquete de medidas para "anclar" a Ceuta y Melilla definitivamente a la Unión Europea (UE), según explicó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Senado ante la pregunta de un senador del conservador Partido Popular (PP). Sobre el mencionado paquete de medidas, que Albares ya abordó en Bruselas la semana pasada, recordó que Ceuta y Melilla van a tener un asiento permanente en el Comité de las Regiones, van a estar incluidas en la Unión Aduanera con su especificidad y también dijo que para poder consolidar la frontera, la UE ha desbloqueado un paquete financiero de casi 115 millones de euros (unos 133 millones de dólares al cambio actual), con presencia de Frontex. "Hemos conseguido que por fin la UE se tome tan en serio las fronteras terrestres del sur de Europa como las del este", dijo. En unas declaraciones previas en los pasillos de la Cámara Alta, pidió al PP que apoye las medidas para "europeizar" esas ciudades e instó al Partido Popular y al ultraderechista Vox a que trasladen al Gobierno de la italiana Georgia Meloni, como ya hizo él, que la suspensión del acuerdo de libre circulación para los viajeros procedentes de España -decisión que hoy prorrogó otros quince días- es "una vergüenza y una medida absurda y ridícula". El senador del PP José Antonio Monago, por su parte, insistió en que la normalidad no ha vuelto a Ceuta mes y medio después de la entrada masiva irregular de migrantes y que la ciudad "se marroquiniza a cámara lenta" ante la impasibilidad del Gobierno, y señaló que España no puede vivir pendiente "de no incomodar a Rabat". EFE (foto)

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El PSOE y sus socios rechazan la ley de Vox para implicar a los militares en la lucha contra la inmigración ilegal

El PSOE y sus principales aliados parlamentarios han rechazado este martes en el Congreso la proposición de ley de Vox para modificar la Ley de Defensa Nacional con el fin de que los militares participen en la lucha contra la inmigración ilegal. El PP ha apoyado la tramitación de la iniciativa, especialmente para asegurar que los militares tengan la consideración de agentes de autoridad y puedan realizar detenciones, si bien considera que el articulado necesita cambios. El portavoz del PP en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Rafael Hernando, ha explicado que su grupo respaldará la propuesta "con el fin de enmendarla", a la vez que ha subrayado que España debe cambiar su sistema frente a la inmigración ilegal para disuadir las entradas y facilitar las expulsiones. Hernando ha aprovechado el debate para señalar que en Ceuta "ha existido y existe una invasión consentida e instrumentalizada por Marruecos" y ha afirmado que ciudadanos marroquíes fueron utilizados como "carne de cañón" en una "operación de guerra híbrida" contra la integridad territorial y la soberanía española y contra el sur de la Unión Europea. EJÉRCITO PERMANENTE EN LAS FRONTERAS DE CEUTA La ley ha sido defendida en la tribunal por el diputado de Vox José María Sánchez García, quien aboga por modificar el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional para añadir expresamente que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal, y más tras la entrada irregular de miles de personas a Ceuta a finales de julio. La formación dirigida por Santiago Abascal pretende ampliar una de las funciones de apoyo que ya recoge la norma, sin alterar el resto del catálogo de misiones militares. El objetivo es que los militares puedan intervenir en apoyo de las FCSE en estas situaciones. En este momento, Sánchez García ha esgrimido que la situación de Ceuta y Melilla constituye un problema "crónico y permanente" por su ubicación geográfica y ha reclamado que ambas ciudades tengan una frontera "defendida por el Ejército" de manera permanente. "Esa permanencia del problema justificaría también una permanencia en la solución", ha apostillado. EL PSOE RECHAZA CONVERTIR LA INMIGRACIÓN EN UNA MISIÓN MILITAR Desde el PSOE, el diputado José Antonio Rodríguez Salas ha anunciado su rechazo a la iniciativa --que se votará este miércoles-- porque la normativa actual "ya contempla" la contribución de los militares a la seguridad y defensa de España, su intervención ante situaciones de grave riesgo y operaciones destinadas a garantizar la soberanía y la independencia del país. Rodríguez Salas ha afirmado que, si un Estado extranjero instrumentaliza un flujo migratorio para presionar o desestabilizar a España, el Estado debe responder con sus capacidades diplomáticas, policiales, de inteligencia, económicas, europeas y, cuando corresponda, militares. "Se puede defender el control de las fronteras sin militarizar la política migratoria", ha afirmado, rechazando así que la inmigración irregular se convierta "por definición" en una categoría militar. Sumar también votará "enfáticamente" en contra de esta modificación de la Ley de la Defensa Nacional. Su parlamentario Txema Guijarro ha calificado la propuesta de "oportunista" y ha criticado que coloque la inmigración "en el mismo espacio normativo que el terrorismo". Además, ha asegurado que una cosa es que un Estado extranjero pueda instrumentalizar movimientos migratorios para ejercer presión "y otra distinta convertir a quienes cruzan una frontera en una amenaza militar". LOS GRUPOS MINORITARIOS TAMPOCO APOYAN LA REFORMA El PNV tampoco apoyará la reforma. El diputado Mikel Legarda ha señalado que las Fuerzas Armadas tienen competencia ante la utilización de movimientos migratorios por agentes externos como actuaciones híbridas, pero considera que su apoyo a las FCSE frente a los movimientos migratorios no requiere ningún cambio legislativo. "No son servicios ni funciones intercambiables", ha indicado sobre las tareas militares y policiales. Por su parte, el parlamentario de ERC Francesc-Marc Álvaro ha calificado la proposición de Vox de "oportunista, populista y demagógica", ha afirmado que atribuye a las Fuerzas Armadas una tarea que no les corresponde y ha acusado a la iniciativa de relacionar la inmigración irregular con el islamismo y el terrorismo. También ha advertido a PP y PSOE del riesgo de que terminen "comprando el marco reaccionario racista" de la ultraderecha. Por último, Podemos y BNG han rechazado la propuesta de Vox. El parlamentario Javier Sánchez Serna ha acusado a Vox de pretender "equiparar inmigración y terrorismo" y de convertir a las personas migrantes en un "objetivo militar", mientras que el galleguista Néstor Rego ha manifestado que la iniciativa supone avanzar en una "militarización de la sociedad" y ha acusado a Vox de mezclar inmigración con delincuencia y terrorismo. Ni Bildu ni Junts han participado en este debate.

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Nacho

En algún momento el PP, y especialmente el PP de Alberto Núñez Feijóo, querrá hacer cosas distintas a pactar con Vox y necesitará no sólo aritméticas alternativas sino personas con recursos para articularlas. Las personas son importantes, y sus relaciones. Las relaciones establecidas a lo largo de los años, porque las que se pretenden armar cuando llegan las urgencias suelen carecer de la profundidad suficiente para que tengan éxito. Nacho Martín Blanco es alguien en Cataluña. Es alguien en el PP y es alguien en la sociedad catalana. Primero porque forma parte de ella. No es un cuerpo extraño y seguramente por eso la comprende tal y como es. Por supuesto tiene sus ideas para intentar reformarla, primero sabe distinguir... Ver Más

ABCABC•(abc)15 sept

Cuatro jóvenes acusados de increpar y empujar a un diputado de Vox tras un acto en la UA se declaran inocentes

Cuatro jóvenes acusados de increpar, empujar y amenazar al exdiputado de Vox en Les Corts David García tras un acto celebrado en la Universidad de Alicante (UA) el 28 de mayo de 2021 se han declarado inocentes en la vista celebrada este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante por el delito de atentado por el que se les acusa, mientras que uno de ellos ha negado, incluso, haber estado presente en el momento de los hechos. El denunciante acusa a los jóvenes de increparlo, amenazarlo y empujarlo, así como de decirle que sabían quién era y dónde vivía, que le iban a "matar" y llamarle "nazi" y "fascista", hechos por los que Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para cada uno de los cuatro acusados. De acuerdo con García, un grupo de unas "15 personas" presuntamente lo acorralaron en la universidad cuando se dirigía a otro acto, después de que uno de los acusados supuestamente se refiriera a él por su nombre y cargo. De esta forma, el entonces también concejal de Vox en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) ha asegurado que "solo quería escapar" y que no le metiesen "una puñalada". Además, ha indicado "en ningún momento" respondió a las presuntas amenazas, sino que estaba vigilando los bolsillos, las manos y las caras del grupo de personas que se encontraban frente a él y al entonces diputado nacional de Vox Manuel Mestre, quien, según García, calmó al grupo. El exdiputado de Vox en Les Corts también ha incidido en que identificó a los cuatro acusados por las apariencias físicas, peinado y ropa, ya que llevaban mascarilla. En este sentido, la agente de la Policía Nacional que identificó a los acusados a través de un vídeo proporcionado por las cámaras de la UA, ha apuntado que los reconoció porque habían sido identificados por el cuerpo de seguridad "en varias ocasiones" y por la descripción física proporcionada por el político. Por su parte, tres de los acusados han negado haber empujado, increpado y reconocido al denunciante por su nombre y cargo, mientras que el cuarto ha negado haber estado presente en los supuestos hechos. En este sentido, los tres primeros han coincidido en que iban de camino a la salida de la UA tras una concentración en defensa del valenciano, cuando se cruzaron con dos personas --García y Mestre-- y una de ellas dijo "arriba España". Tras esta expresión, según los jóvenes, el grupo de personas que se encontraba alrededor se giró y gritaron "fuera fascistas de la universidad", si bien han negado que los arrinconasen o acorralasen. Uno de ellos, acusado por García de decirle "al oído" que le iba a "matar", ha insistido en que en el vídeo proporcionado por la UA se le puede ver "separado del grupo". A la vista también ha acudido, como testigo, la entonces pareja de uno de los acusados, quien también ha aseverado que no llamaron por su nombre y cargo a García, ni lo amenazaron, ni lo arrinconaron. Por su parte, Mestre ha declarado que hubo "algún roce" y que él intervino y los separó, tras escuchar frases como "sabemos quién eres" y "sabemos donde vives". Asimismo, ha señalado que reconocieron al entonces diputado de Vox por su nombre. Mestre también ha subrayado que García se asustó "un poco" y que no dijo nada al grupo de personas. "Fue una situación muy incómoda", ha apostillado. FISCALÍA Y ACUSACIÓN PARTICULAR Tras las declaraciones de los testigos, el ministerio fiscal ha pedido un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo por el delito de atentado, así como una multa de ocho meses a razón de seis euros de cuota diaria con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal. Además, Fiscalía ha argumentado que existe prueba de cargo, en relación con la grabación aportada, al tiempo que ha apuntado que el denunciante se sintió "intimidado" debido a que unas diez personas le increparon y golpearon. Por su parte, la acusación particular ha remarcado que los acusados atacaron a García "por su ideología" y ha pedido la pena de tres años y medio por el delito de atentado con agravante de ideología o de dos años y medio sin el agravante. DEFENSA En el caso de la defensa de los acusados, representada por tres letrados, todos han pedido la sentencia absolutoria y han cuestionado la manera de proceder a la identificación de los jóvenes por parte de la agente de Policía Nacional, ya que uno de ellos, de acuerdo con su abogado, "no aparece ni cerca en las imágenes". Una de las letradas ha defendido que la identificación de los acusados se realiza por su participación en otros actos y ha acusado a García de cambiar sus declaraciones. Además, ha considerado que no hay prueba de cargo, ya que, a su juicio, la situación que describe el denunciante "no es la que se ve en el vídeo". Esta abogada también ha sostenido que en "once segundos", en relación con la duración del vídeo aportado como prueba, "es imposible que pase todo lo que ha relatado" García. Finalmente uno de los letrados de la defensa ha manifestado que no han sabido el motivo por el que se le acusa a su cliente, que es el único que no ha reconocido García, si bien el acusado ha reconocido que aparece en el vídeo con un megáfono pero que no amenazó ni empujó a nadie. Por ello, ha pedido la sentencia absolutoria y, también, la condena en costas. MANIFESTACIÓN Por otro lado, de manera previa a la celebración de la vista, un grupo de unas 50 personas se han manifestado frente a la Audiencia Provincial de Alicante en apoyo a los cuatro acusados, con cánticos como "aquí están los antifascistas", "viva la lucha antifascista", "las calles serán siempre nuestras", "fuera fascistas de nuestros barrios" o "que viva la lucha de la clase obrera". Entre los manifestantes se encontraba el portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, quien ha señalado en un comunicado que "no es aceptable que cuatro jóvenes lleven más de cinco años pendientes de un juicio por participar en una movilización frente a un acto de Vox en la UA". "Las penas solicitadas son claramente desproporcionadas y buscan intimidar a quienes ejercen su derecho a protestar. Defender el valenciano, la universidad pública y plantar cara a la extrema derecha son valores democráticos. Pedimos la absolución de 'Els Quatre' de la UA y que este proceso no se convierta en un castigo ejemplarizante contra la movilización social", ha concluido.

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El Senado aprueba una moción del PP con su plan de acción para Ceuta con apoyo de Vox

Madrid, 15 sep (EFE).- El Senado ha aprobado este martes una moción del PP con su plan de actuación para Ceuta con apoyo de Vox y entre reproches del PSOE, ERC, PNV y BNG, que han acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de aprovechar esta crisis en términos electorales para atacar al Gobierno. Con 147 votos a favor, 104 en contra y ninguna abstención, la moción ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado y con apoyo de UPN y Vox, a pesar de que este grupo había presentado una enmienda para "endurecer" el plan de actuación original y el PP la ha rechazado. El grupo proponente también ha rechazado la enmienda presentada por Junts, cuyos senadores se encontraban en su escaño en el momento de la votación pero no han participado en ella. La senadora del PP Isabel Moreno ha defendido la moción, que incluye, entre otras medidas, la ejecución urgente de todos los expedientes de expulsión de lo migrantes que entraron a Ceuta a finales de julio y "una frontera segura y protegida de manera permanente" con más fuerzas de seguridad. También reorientar las relaciones con Marruecos -"Cooperación, sí; dependencia, jamás", ha resumido la parlamentaria-, considerar a los militares desplegados en Ceuta agentes de la autoridad, un estatus europeo reforzado para la ciudad autónoma, más presencia del Estado y un plan económico de 650 millones de euros. Una moción que para Vox "se queda corta", según el senador Javier Alonso Coronel, quien ha defendido su enmienda para "endurecer" la propuesta original con medidas como retirar al embajador de España en Rabat y "expulsar" al de Marruecos de Madrid si continúa "la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional". Enmienda que el PP ha rechazado al considerar que no hay que "romper los puentes de negociación" junto a la de Junts, que pedía celebrar un referéndum para abordar el futuro de Ceuta y Melilla, partido al que ha acusado de aprovechar la crisis para "difundir sus ilegalidades y matracas nacionalistas". En el turno del resto de grupos, la senadora del PSOE María Jesús Álvarez ha cargado contra el PP por pensar esta crisis "en términos electorales" y ha acusado al Gobierno de Ceuta de no haber estado a la altura en la gestión de la crisis respecto a los menores no acompañados, al tiempo que ha pedido "humanidad" al PP al respecto. En la misma línea se han pronunciado la senadora del BNG María Carmen da Silva y la del PNV Nerea Ahedo, quien ha acusado al PP de "estar más preocupado por tensionar que por buscar soluciones", pero también ha criticado la gestión del Gobierno que, en su opinión, llegó tarde y no supo "calibrar" la dimensión de la situación. Por parte de ERC, Joan Josep Queralt ha acusado al PP de hipocresía y ha asegurado que los documentos publicados por el Gobierno sobre la entrada masiva demuestran el fracaso absoluto del servicio de información civil y militar: "Es más fácil ver una estelada que ver a 20.000 personas circulando por Marruecos", ha ironizado. EFE

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El Senado insta al Gobierno a reforzar la protección de las mujeres y niñas en Ceuta

Madrid, 15 sep (EFE).- El Senado ha aprobado una moción del PP que insta a garantizar la protección de las mujeres y de los menores en Ceuta, reforzando los efectivos policiales y los mecanismos de protección en los espacios públicos, zonas sensibles y entornos especialmente frecuentados por familias. La moción ha salido adelante con los votos a favor del grupo proponente, Vox y UPN (147 votos), mientras que se han opuesto el resto de los grupos (108 votos en contra), que han reprochado al PP que no reclame protección para todas las mujeres, ceutíes y migrantes, y que haga un uso partidista de la inmigración, entre otros argumentos. "Ante la situación de extrema gravedad" que viven las mujeres y los menores en Ceuta, la moción exige al Gobierno que informe con transparencia a las Cortes Generales sobre el número de agresiones sexuales registradas desde el 30 de julio, el estado de las investigaciones, las medidas de protección adoptadas, los recursos desplegados y los protocolos activados para prevenir nuevas agresiones y atender a las víctimas. La senadora que ha defendido la iniciativa, María Carmen Isabel Pobo, ha recordado que según la Fiscalía, desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta se han contabilizado 23 agresiones sexuales. En 2024 se registraron en Ceuta 46 delitos contra la libertad sexual y en 2025 fueron 52. "Es inaceptable que, en territorio español, compatriotas nuestras tengan que encerrarse en sus propias casas por miedo a ser acosadas, agredidas o atacadas. Es inaceptable que madres y padres teman por la seguridad de sus hijas y de sus hijos en la vía pública", argumenta la moción. "Los ceutíes siguen pagando la negligencia del Gobierno de España", ha añadido la senadora popular, quien ha lamentado que el Ejecutivo haya respondido tarde, mal y sin la contundencia política, policial, asistencial y judicial que exigían los acontecimientos. Para la parlamentaria socialista, María del Carmen Silva Rego, la iniciativa solo busca "mantener la crispación y no resolver la crisis, sino el deleznable objetivo político de desgastar políticamente al gob, alimentar la confrontación y reclamar elecciones anticipadas, que es lo único que le interesa". Desde VOX María Auxiliadora Pastor ha calificado la moción del PP de "tibia" y ha reclamado al Gobierno desplegar las fuerzas armadas a las fronteras, la "expulsión inmediata y sin condiciones de los que invaden el territorio nacional", exigir a Marruecos que las acepte y enviar a los menores con sus padres. El grupo vasco ha reclamado que se proteja a las mujeres y menores ceutíes y migrantes. María Dolores Etxano ha recordado la importancia de "una respuesta conjunta para evitar una crisis de convivencia". "No utilizaremos a las victimas para construir un relato contra la inmigración", ha argumentado María Teresa Pallarés, de Junts. María Carmen Silva, de BNG, ha recriminado a las comunidades del PP que no estén acogiendo a menores y que utilicen la perspectiva de género de forma "tan retorcida" para sus intereses: "Un asco y una vergüenza". ERC también ha reclamado mayor protección para las mujeres y menores víctimas de violencia sexual. "No ha respondido con la celeridad necesaria: un Gobierno que se declara feminista no puede mirar para otro lado", ha asegurado Sara Bailac. La senadora de EH Bildu Idurre Bideguren ha calificado de "ruin" y "paradógico" que PP y Vox se autoproclamen defensores de las mujeres y niñas agredidas sexualmente para generar enfrentamiento social. Apoyo desde UPN: "Les han robado la vida a los ceutíes", ha señalado la senadora María Mar Caballero. EFE

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Contratistas y promotores avalan la ley de vivienda y suelo que promete Feijoo

Madrid, 15 sep (EFE).- La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCT) y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) han manifestado este martes en el Congreso su apoyo a la proposición de ley de suelo y vivienda del PP, con la que su líder, Alberto Núñez Feijoo, ha prometido construir un millón de viviendas. La llamada proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda, que fue admitida a trámite por el pleno el pasado abril -con votos a favor del PP, Vox, Junts y UPN y la abstención del PNV-, busca dar seguridad jurídica "real" a los planes urbanísticos, agilizar los trámites y movilizar suelo público para construir más casas en menos tiempo. En su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso para opinar sobre ella, el director gerente de la Alfredo Díaz-Araque Moro, director gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Alfredo Díaz-Araque Moro, ha reclamado un acuerdo a los grupos parlamentarios para que acaben la legislatura con una "buena ley del suelo" para disparar la oferta de vivienda. "Dejen de farmear aura, pongánse manos a la obra y acaben la legislatura con una buena ley del suelo", ha dicho, tras abogar por recuperar el ritmo de construcción de 250.000 viviendas al año y subrayar que la seguridad jurídica urbanística no es de partido sino que la reclaman los ayuntamientos de todos lo colores políticos. En su comparecencia, el representante de los promotores ha explicado que producir vivienda se ha convertido en una "carrera de obstáculos" por la inseguridad jurídica urbanística, los procedimientos "extraordinariamente largos y complejos", la falta de financiación de infraestructuras urbanas, la insuficiente capacidad administrativa y productiva y la escasez de mano de obra cualificada. También ha defendido el desahucio exprés como garantía para el inversor, una revisión de la fiscalidad de la vivienda para facilitar su producción y no penalizar el alquiler y un marco estable que atraiga inversión privada. Por su parte, la presidenta de la ANCT, Concha Santos Pedraz, ha coincidido en que el principal cuello de botella para la construcción de vivienda no es la capacidad ejecutora del sector, sino la escasez de suelo finalista y un marco normativo que, a su juicio, desincentiva la inversión. En ese sentido, ha defendido un cambio de voluntad política y de modelo para que, frente al rechazo ideológico a la colaboración público‑privada, se aproveche la capacidad financiera y productiva del sector privado, asumiendo que las empresas buscan un beneficio razonable. En el plano productivo, ha abogado por la industrialización de la vivienda como respuesta a la falta de mano de obra y los oficios y también para acortar los plazos de construcción. Asimismo ha denunciado que la inseguridad jurídica y la falta de mecanismos de revisión de precios están trasladando al sector riesgos inasumibles, como los sobrecostes derivados de la guerra de Irán (incrementos de hasta el 30 % en betún, energía, áridos o cerámicos), lo que ha provocado que, desde enero de 2026, haya miles de millones en licitaciones desiertas, porque los precios de los pliegos no reflejan la realidad de ejecución. Además ha aprovechado para pedir que se modifique la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación y se revisen los pliegos para que incluyan cláusulas de actualización de precios.EFE

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El PSOE censura que PP, Vox y Junts rechacen el decreto de 'lobbies': No quieren que se sepa "a qué intereses responden"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha censurado que el PP, Vox y Junts hayan criticado el decreto ley del Gobierno para regular los 'lobbies' y crear un registro público y obligatorio de grupos de interés y lo ha achacado a que en realidad lo que no quieren es que se sepa es "a qué intereses responden". El Gobierno decidió aprobar este decreto ley después de que el proyecto de ley de 'lobbies' que estaba tramitándose desde febrero de 2025 encallase en el Congreso ante la dificultad de reunir el consenso necesario entre grupos parlamentarios. Este miércoles llega a su votación definitiva en el Pleno del Congreso. Sin embargo, todo apunta a que el decreto ley, que incluye la creación de un registro de 'lobbies' al que ya se han apuntado 300 entidades, acabe derogado por el Congreso a la vista de que el PP, Vox y Junts suman mayoría absoluta. Y eso pese a que, según ha denunciado Patxi López, el texto ha incorporado "buena parte" de las propuestas de estos partidos. "NO QUIEREN ASOMAR LA PATITA" El portavoz socialista ha recordado que con este decreto lo que se persigue es cumplir con los compromisos europeos en materia de transparencia para garantizar la trazabilidad de las leyes y saber quién o quiénes han influido en su tramitación y conocer "qué intereses legítimos persigue cada uno". Eso es, según López, lo que "seguramente" PP, Vox y Junts no quieren que se sepa: "quién está detrás de los intereses que ellos defienden". Y es que, a su juicio, existe lobbies' y grupos políticos "que no quieren asomar la patita". En concreto, el decreto que llegará al Pleno este miércoles, promovido por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, crea un registro estatal público y obligatorio de grupos de interés que estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿QUÉ SE CONSIDERA UN GRUPO DE INTERÉS? Además, dicha norma regula en la Administración del Estado la relación entre los grupos de interés y el personal público susceptible de recibir influencia, es decir, la norma detalla quiénes tienen la consideración de 'lobbies', qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla. Los 'lobbies' son personas físicas y jurídicas y agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal y/o cargo público. Por ejemplo, las empresas y las ONG que pretendan ejercer la función de lobby ante la Administración General del Estado (AGE). El texto legal considera actividad de influencia toda comunicación directa o indirecta de un grupo de interés con el personal y/o cargo público susceptible de influencia, realizada por cualquier medio o canal, con la finalidad de incidir en la toma de decisiones públicas, en el diseño o aplicación de políticas públicas, o en la elaboración, modificación o aprobación de proyectos normativos, en beneficio de intereses propios o de terceros. Por otro lado, la norma determina que son susceptibles de recibir influencia el personal y/o cargo público que desempeñe funciones públicas con la capacidad de intervenir en la formulación, ejecución o supervisión de políticas públicas, elaboración normativa o procesos de decisión administrativa, dentro de la AGE y su sector público institucional. Entre ellos se encuentran los altos cargos (hasta el nivel de director general) y, por primera vez en una norma aprobada en el ámbito de la integridad y ética públicas, también el personal de confianza, asesores y personal eventual. EL REGISTRO DE 'LOBBIES' DEBE SER "OBLIGATORIO" Según el Ministerio que dirige Óscar López, la creación del registro de grupos de interés de la AGE y su sector público institucional pretende garantizar la transparencia y la integridad de las actividades que desarrollan dichos grupos en sus relaciones con el personal y/o cargo público susceptible de recibir influencia. La inscripción en el registro de 'lobbies' tendrá carácter obligatorio, será gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y los datos que contenga deberán estar disponibles y accesibles a través del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado y del sitio web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este registro será además de carácter público, gratuito, electrónico, y contendrá información sobre las personas que ejercen la actividad de influencia (incluyendo de manera específica aquéllas que hayan desempeñado puestos o cargos públicos durante los últimos cinco años desde el momento de la inscripción del grupo en el registro), así como su domicilio o sede social, la identificación del grupo de interés y de sus representantes, la actividad desarrollada y las fuentes de financiación, entre otros. Asimismo, este registro de la Administración del Estado se podrá conectar con el de las comunidades autónomas y entidades locales que ya lo tienen y con el de Transparencia de la Unión Europea (UE). El órgano competente para la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que afecten a los grupos de interés o 'lobbies' será igualmente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El decreto ley regula también el régimen sancionador, tipificando las infracciones de muy graves, graves y leves y estableciendo las sanciones por la comisión de las infracciones. El personal público susceptible de influencia estará obligado a hacer públicas en el Portal de la Transparencia, en el plazo de un mes desde su celebración, todas las reuniones y contactos que mantengan con grupos de interés inscritos en el registro Las actividades realizadas por los grupos de interés con la finalidad de influir en la elaboración y adopción de cualquier proyecto normativo y, en su caso, su incidencia en el mismo, serán reflejadas por parte del departamento competente en un informe de huella normativa, al cual se hará referencia en la correspondiente memoria del análisis de impacto normativo.

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Vox reta al PP a demostrar su plan de endurecer requisitos para la nacionalidad vetando en el Senado la ley de saharauîs

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha retado este martes al PP a aplicar sus propias recetas para endurecer los requisitos a la nacionalidad española vetando en el Senado la reciente ley que aprobó el Congreso para los saharauis nacidos bajo soberanía española. Según ha publicado 'El Mundo', el PP trabaja en una proposición de ley para endurecer los requisitos de acceso a la nacionalidad española que implica un mayor examen de lengua y de valores constitucionales para los que opten a ella y abriría la puerta para retirar la nacionalidad a las personas que, después de conseguirla, cometan delitos graves. En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria de Vox ha explicado que su formación cree que es "un poco incongruente" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiera endurecer los requisitos para lograr la nacionalidad española pero en cambio permitió con su abstención que se aprobara la ley que concede la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara antes de 1977. A su juicio, el PP tiene ahora la oportunidad de demostrar su "coherencia" paralizando esta ley en el Senado. SI ES QUE EL PP LLEGA A LA MONCLOA "Entonces, a lo mejor, nos podemos empezar a creer lo que vayan a hacer cuando lleguen a La Moncloa, si es que llegan", ha agregado la portavoz parlamentaria de Vox, que ha advertido a los 'populares' sobre "dar por muerto" al Gobierno. "Tenemos un presidente del Gobierno dispuesto a hacer lo posible para mantenerse en el poder", ha añadido. Vox pidió el lunes actuar en el Senado para frenar la ley que concede la nacionalidad a los saharauis, argumentando que la nacionalidad española "no es una medalla, una indemnización, ni un instrumento de propaganda" y "no se puede repartir como si no existieran consecuencias: hay derechos y deberes hacia la nación". Los de Santiago Abascal también registraron en el Congreso una proposición de ley que plantea expulsar a los inmigrantes que delincan, retirarles la nacionalidad y la firma de acuerdos bilaterales para que cumplan las penas en las cárceles de sus países de origen.

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